“Acá, al Palacio Legislativo, no llegó ninguna comunicación. Si alguien lo puso en el portal de El País es porque alguien lo filtró. El primero que tiene que enterarse es el organismo al que está destinado. Cuando llegue yo procederé, antes no voy a adelantarme a un fallo que no conozco”, dijo ayer de tarde la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, al ser consultada por la diaria sobre el fallo del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) que observó el subsidio al ex vicepresidente Raúl Sendic.

Darwin Machado, integrante del TCR, aseguró a la diaria que la comunicación no depende de los integrantes del Tribunal sino de la administración del TCR, pero confirmó que “la resolución del Tribunal fue adoptada hoy [por ayer]”.

A las 14.00 de ayer, antes de que la vicepresidenta hablara con la diaria, el portal de Telenoche había dado la noticia; casi dos horas después, El País daba a conocer algunos detalles: “El documento sostiene que ‘el vicepresidente de la República es miembro del Senado y se le aplica la norma de tal, salvo disposición específica en contrario’”.

Francisco Gallinal, ministro del TCR, dijo a la diaria que a partir de los informes jurídicos se llegó a dos conclusiones: “La primera es que el cargo de vicepresidente de la República tiene la característica de legislador; en consecuencia, se le aplica el artículo 77 literal 10 de la Constitución, que establece que los legisladores y los intendentes sólo podrán acceder a beneficios de las características de un subsidio al final del mandato, es decir, en 2020”. Gallinal dijo además que el TCR no compartió la decisión de Topolansky, pero aclaró que la vicepresidenta tiene potestades para aceptar la observación –y anular la autorización y postergar el pago– o para reiterar el gasto.

El fallo del TCR fue dividido: cuatro votos contra tres; la observación fue apoyada por la presidenta del Tribunal, Susana Díaz, y por los ministros Álvaro Ezcurra (Partido Colorado, PC), Darwin Machado (Partido Nacional, PN) y Francisco Gallinal (PN), mientras que Diana Marcos, Miguel Aumento y Hubert Arbildi –todos del Frente Amplio (FA)– no la acompañaron.

Continuará

Los diputados Conrado Rodríguez (PC) y Pablo Iturralde (PN) habían presentado en octubre recursos de revocación, pidiendo la anulación de la decisión de otorgar el subsidio. Rodríguez explicó que la autorización del subsidio es un acto administrativo, y por lo tanto, pasible de recursos administrativos; en caso de que el recurso resulte negativo, el diputado pedirá que sea considerado en Asamblea General. “Lo que hace el dictamen del TCR es reafirmar los argumentos que nosotros hemos usado: el vicepresidente es un legislador; esto implica que tiene voz, voto e iniciativa legislativa. De hecho, los vicepresidentes Gonzalo Aguirre [1990-1995] y Luis Hierro López [2000-2005], cuando ocuparon ese cargo, presentaron proyectos legislativos, y muchos de ellos terminaron en leyes. En ese momento nadie objetó la facultad legislativa del vicepresidente”. El diputado colorado aseguró que para cobrar de forma anticipada tenía que existir “una autorización expresa de la Cámara que integra el vicepresidente, podría haber sido el Senado o la Asamblea General; en este caso, quien debía haber dado la autorización era la Asamblea General, porque la renuncia de Sendic fue ante esta”.

Sobre las opciones de Topolansky, dijo que, a su entender, no debería reiterar el gasto, porque “estaría violando la Constitución”. Rodríguez aclaró que la vicepresidenta aún no resolvió la revocación pedida en octubre: “Lo que le solicito es que ahora revoque el acto administrativo, porque hay una prueba más de que contrarió las reglas de derecho”.

En tanto, el diputado Pablo Iturralde (PN) dijo a la diaria: “Es claro en la Constitución que si no se termina un mandato no se puede cobrar el subsidio, a menos que sea aprobado por tres quintos” del órgano al que presentó la renuncia, en este caso, la Asamblea General.

Sobre el recurso de revocación presentado, dijo que Topolansky puede no aceptarlo, y en ese caso va “al tribunal de mayor rango”. Lo debería mandar al Senado, y si ese cuerpo mantiene el acto, Iturralde puede recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo “pidiendo la anulación porque no guardaba las formas. Si el Senado o Topolansky no se expresan, pasado un plazo de 150 días cae la denegatoria ficta y ahí puedo acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, explicó el diputado.