Las intenciones del gobierno de utilizar los recursos del Fondo de Estabilización Energética (FEE) de UTE en obras de infraestructura para el interior del país, entre las cuales se cuenta el ferrocarril para la futura planta de UPM, cayeron mal en filas de la oposición a un punto tal que se anunció que, si se sigue adelante con la idea, será interpelado el ministro de Economía Danilo Astori.
El pasado viernes Astori informó que los US$ 173 millones que hay en el aludido fondo serán transferidos para facilitar la instalación de la segunda planta de UPM en el país.
El fondo fue creado para estabilizar las tarifas de UTE en años en que los costos de generación eléctrica se disparasen por encima de lo estimado. Es decir, si ocurriese una sequía, el fondo podría cubrir el mayor costo de generación de energía sin que ello se traslade a un aumento de las tarifas. Con el cambio de la matriz energética más enfocada a energías renovables, el fondo continuó creciendo y no debió ser utilizado.
En 2016 el Poder Ejecutivo autorizó la transferencia de US$ 18 millones del fondo de estabilización a UTE, pero luego requirió en otra resolución un aporte adicional del ente a Rentas Generales por US$ 18,2 millones. El Observador había informado el año pasado que los recursos adicionales que UTE transfirió a la caja del Estado tuvieron como destino el pago de amortizaciones de inversiones de OSE.
Por eso, el diputado del Partido Independiente Iván Posada afirmó en la comisión que estudia la Rendición de Cuentas que hay "un antecedente" de una "acción ilegal" del Ejecutivo, algo similar a lo que hizo su colega el representante nacionalista Jorge Gandini. El líder nacionalista Luis Lacalle Pou ha sostenido la misma posición.
Frente a las críticas sobre la presunta ilegalidad de esas acciones, el subsecretario de la cartera, Pablo Ferreri, precisó en la comisión que ese dinero será "regularizado dentro de la absoluta legalidad" en futuras Rendiciones de Cuentas ante el Parlamento.
El Clínicas.
Ayer en la comisión, en presencia de Ferreri y otros representantes de Economía, ambos legisladores discreparon con la visión del equipo económico. "Economía insiste en que puede tomar un dinero que el Parlamento votó. Pero lo peor de todo es que se necesita otra ley para disponer a dónde va ese dinero. No es el ministro que dice que se lo va a dar a UPM", sostuvo Gandini.
El legislador blanco puso como ejemplo que con esos más de US$ 170 millones "puede hacerse a nuevo el Hospital de Clínicas con US$ 100 millones, más pagarle a los judiciales los US$ 40 millones que se le deben por el juicio, y con US$ 30 millones nutrimos el fondo de emergencia climática".
Gandini anunció que "si el ministro insiste y recorre ese camino sin ley", él proyecta interpelarlo para "exigirle las responsabilidades políticas" del caso. El ministro "no se puede apartar de la ley para utilizar fondos públicos sin autorización legal" porque eso sería "abusar de su posición de dominio", insistió el diputado.
Además, recordó que se va a entregar ese dinero a UPM para las vías férreas y "cuando se le pregunta al ministro qué hay de UPM, nos responde: Todavía nada".
Posada apuntó que el Poder Ejecutivo "no tiene autorización legal para usar el fondo con otro fin que por el que fue creado", y anunció que si bien apoyará la interpelación, convocará al ministro a la comisión de Hacienda de Diputados.
Ferreri informó que la propia ley de Presupuesto de 2010, que creó el fondo, estableció que el Poder Ejecutivo lo reglamentaría. "Basados en la ley, el fondo puede cambiar. Los estudios técnicos hacen que lo que necesita el fondo sea una cifra diferente a lo que tenemos al día de hoy. Con esos recursos, que se obtienen por única vez, no es correcto financiar gastos permanentes. Por eso se plantea utilizarlos en infraestructura que no son solo para el ferrocarril de la zona centro-norte del país vinculado a UPM, sino para muchos emprendimientos agroindustriales", explicó el subsecretario.
Esta asignación "debe ser refrendada por refuerzos de rubros o a través de futuras instancias presupuestales como la Rendición de Cuentas", precisó el jerarca. Dijo que ese dinero "podría dinamizar la zona centro-norte del país que es la que tiene los peores índices de desarrollo económico del país".
EL impuesto a las rifas fue eliminado de la rendición.
Es la primera baja respecto de la iniciativa original del Poder Ejecutivo: se decidió retirar del proyecto de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento la tasa de control establecida en el artículo 75 sobre las rifas que se llevan adelante en el país como las que realizan habitualmente los estudiantes universitarios de Arquitectura o Ciencias Económicas, o la que recauda para el Hospital Maciel. Las rifas tributaban hasta ahora un monto fijo en Unidades Reajustables, equivalentes a unos $ 50.000. El artículo 75 planteaba que pasaran a pagar, por adelantado, el 3% de la recaudación máxima prevista. Por ejemplo, para los organizadores de la rifa de Ciencias Económicas tendrían un desembolso anticipado de US$ 200.000. "Igual, el impacto era muy menor, pero después de hablar con ellos decidimos retirarla", explicó Pablo Ferreri.
Hay votos para quitar el artículo de pago de juicios, pero podría cambiar.
En la reunión de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, los delegados del equipo económico defendieron el artículo 15 del proyecto de Rendición de Cuentas, que establece que el Poder Ejecutivo "queda eximido de los plazos de cumplimiento" de pagos por demandas judiciales si considera que "ello afecta la atención de los servicios a su cargo". Pablo Ferreri, subsecretario de Economía, dijo que ese artículo es justamente garantía para el cumplimiento de las sentencias. Según el diputado colorado Conrado Rodríguez, el artículo "vulnera la separación de poderes" y es "inconstitucional" en cuanto establece dos regímenes diferentes: uno para el Estado "que paga cuando quiere" y otro para los particulares. Para Rodríguez la oposición pondrá sus votos para eliminar ese artículo.
El Frente Amplio reunirá hoy a su bancada para definir el futuro del artículo 15. La mayoría de los sectores se inclina por retirarlo de la Rendición de Cuentas al entender que constituye una "mala señal" para los privados que el Poder Ejecutivo no se haga cargo del pago de una demanda a los judiciales. En esta línea se expresaron socialistas, comunistas, Liga Federal y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). En tanto, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay son partidarios de modificar la redacción para evitar posibles inconstitucionalidades.
