El Frente Amplio, el Partido Nacional, el Colorado y el Partido Independiente acordaron el envío de un proyecto de ley que hace inexcarcelables los delitos vinculados a la producción y comercialización de drogas (con la excepción del cannabis) y el financiamiento del narcotráfico. Así se acordó ayer en la octava reunión que el presidente Tabaré Vázquez mantuvo con los partidos políticos con representación parlamentaria para abordar la temática de la seguridad pública. La iniciativa supone que la pena mínima por estos delitos pasará de 20 a 24 meses, lo que implica que pasen a estar castigados con una pena de penitenciaría. La iniciativa no fue acompañada por Unidad Popular que entiende que no será efectiva para reducir el narcotráfico. Pero los otros partidos coincidieron en que se trata de una "señal clara" de que se combatirá enérgicamente el ataque al narcotráfico.
No tuvo andamiento una iniciativa colorada para que la temática de la minoridad infractora pasase a una comisión bicameral.
Como pasó en otras oportunidades, el Partido Nacional intentó posicionarse como la parte que intenta darle más premura a las conversaciones, y el gobierno, a través del prosecretario de la Presidencia Juan Andrés Roballo, buscó presentar como auspiciosa la marcha de las conversaciones. El próximo gran tema que abordará la comisión será el de la minoridad infractora y luego el de la situación de las instituciones carcelarias. El Frente Amplio y el Partido Independiente no quieren el tratamiento aislado de iniciativas y prefieren un abordaje integral que se plasme en un Código Penal del Adolescente. El diputado del Partido Independiente, Daniel Radío, dijo que "no se puede limitar todo a discutir el aumento de penas, hace falta una discusión sistémica, discutir la proporcionalidad para que no sea un carnaval o una ensalada". Se trabajará en base a una iniciativa que el Ministerio del Interior presentó en julio de 2013 al Parlamento y que no recibió en su momento tratamiento parlamentario. Ese proyecto elevaba las penas para los delitos cometidos por menores de un sexto a un tercio de las existentes para los adultos.
En los próximos días el Partido Nacional planteará que se estudie la creación de un registro de violadores de menores, la conservación de los antecedentes de menores y un proyecto para abordar la responsabilidad de adultos en la comisión de delitos por parte de jóvenes. El senador Javier García explicó que se busca con esta iniciativa que cuando un menor cometa un delito gravísimo el Juzgado de Menores actuante dé cuenta a un Juzgado Penal de la situación para que este indague la eventual responsabilidad de un adulto en el asunto.
Por su parte, el Partido Colorado propuso la creación de un Instituto de Rehabilitación de Menores que aborde la tarea en el entendido de que hacen falta nuevos funcionarios y nueva infraestructura edilicia para lograr la rehabilitación de los entre 700 y 900 menores que delinquen, explicó el diputado Germán Cardoso.
Edgardo Novick propuso endurecer el castigo a los homicidios cometidos por menores, y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que estuvo en la reunión, reconoció que las penas para delitos cometidos por esa franja etaria a veces no alcanzan para su rehabilitación.
Roballo señaló que el presidente dijo en varias ocasiones durante la reunión que no habrá temas vedados.
Blancos quieren apurar el ritmo de negociación.
El Partido Nacional insiste en que quiere "darle un sentido de urgencia muy importante" a la discusión multipartidaria sobre la seguridad "para que no sea eterna" y que "la gente no diga que la montaña parió un ratón", dijo el senador Javier García. El senador Luis Alberto Heber agregó que "una ínfima minoría" de menores mantiene de rehén a la población y que se debe evitar que actúen con "impunidad". El Partido Independiente marcó distancia de las posturas blancas a las que considera excesivamente centradas en el endurecimiento de penas. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, sostuvo que el simple endurecimiento de penas "en solitario" no es suficiente para abatir el nivel de delitos. Y pidió que los acuerdos sean "coherentes" con el Código Penal.
