SALTO Edil Cr. Martín Burutarán solicitó información a la Intendencia sobre privatización de líneas de ómnibus
Locales | 03 Oct. El edil Cr. Martín Burutarán, de la lista 404 del Partido Nacional, presentó un pedido de informes a en la Junta Departamental de Salto, con la intención de conocer la situación de la línea de ómnibus que recorre Arenitas Blancas y zona del hipódromo.
Dijo que es de público conocimiento que la línea 7 (Saladero) que recorre Arenitas Blancas fue asignada a una empresa del medio, por lo que se puede asegurar que dicha línea fue privatizada.
Señaló que esta acción tiene a los vecinos de dicha zona “muy preocupados”, tanto por el perjuicio en el costo del boleto como por el cambio en las frecuencias. Agrega que también quienes viven en zona del hipódromo están preocupados dados los rumores de una inminente privatización de la línea 8.
SOLICITUD
En relación al, tema el edil nacionalista remitió el siguiente pedido de informes para ser elevado al intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, a los efectos de recabar información sobre el siguiente asunto:
1- ¿Se realizó licitación para la adjudicar la línea que recorre arenitas blancas a un privado? ¿de qué manera se realizó el llamado a interesados?
2- ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a tomar la decisión de que la intendencia municipal deje de prestar ese servicio por si misma?
Firmarán 59 promesas de compraventa de viviendas ubicadas en San Carlos
El intendente de Maldonado, Enrique Antía, estará presente en la firma de los promesas de compraventa de 59 soluciones habitacionales localizadas en el barrio La Esperanza. La actividad se desarrollará el martes 3 de octubre en Anexo del Teatro Unión de San Carlos.
La actividad comenzará a las 10 horas ante la presencia del jefe comunal y también del secretario general (I), Álvaro Villegas; el director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la IDM, Alejandro Lussich; y la alcaldesa de San Carlos, Alba Rijo.
Por lo tanto, más familias se unirán al Plan de regularización de la documentación de soluciones habitacionales que lleva adelante la Intendencia de Maldonado en otras localidades del departamento.
Susana Muñiz comparece hoy ante Comisión Investigadora
Las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado concurren hoy a la Comisión Investigadora que analiza la gestión del organismo. Entre los temas que se tratarán este lunes está la situación de los hospitales de Bella Unión, Rivera, Cerro Largo, Mercedes, Dolores, Colonia, Santín Carlos Rossi y Etchepare, Hospital de Ojos, Canelones y Las Piedras.
También se indagará sobre la estafa al FONASA y las contrataciones de empresas de limpieza, vigilancia, cuidados, camas de CTI y servicios médicos.
El diputado del Partido Nacional Martín Lema se refirió a la comparecencia el lunes pasado de la ex directora de ASSE, Beatriz Silva, a quien se le consultó por la contratación para traslados médicos de la empresa SIEMM, cuyos propietarios eran los directores de los hospitales Pereira Rossell, el Hospital Pediátrico y el Hospital de Salto: “fue una situación bastante curiosa, la ex presidente de ASSE no se acordaba cuando asistió a esa inauguración de la empresa SIEMM, de jerarcas que al final terminaron contratando con la propia ASSE. Tampoco se acordó del monto que se dispuso para pagar el abogado de funcionarios que estaban siendo indagados por causas contra la propia ASSE”.
“Muñiz también asistió en calidad de ministra (a la inauguración de la empresa), va a tener que explicar si conocía estos vínculos porque los mantuvo años y siempre hubo una defensa encendida de estas contrataciones”, señaló Lema y lamentó que la sanción cuando se conoció el vínculo entre los directores de hospitales y los dueños de la empresa de traslados médicos fue una sanción verbal.
Lema señaló que antes de contratar a esta empresa los traslados desde el Hospital de Bella Unión no superaban los 600 mil pesos, pero en los años que empezaron a trabajar con ella creció primero a 8 millones, en 2013 y luego a 13 millones en 2014.
El diputado lamentó que no se proporcionó la información por kilómetros por lo que no puede analizar en qué medida el crecimiento obedece a mayor cantidad de traslados y en qué medida a un aumento en los costos.
Consultado sobre la decisión del presidente Tabaré Vázquez que el viernes decidió pedir colaboración a las autoridades del Frente Amplio, Lema respondió: “el presidente en vez de consultarle a su ministro, que es la policía sanitaria, se reúne con el presidente del Frente Amplio. Eso habla del desgobierno que hay en materia de salud, donde el presidente no respeta a la figura del Ministerio de Salud Pública”
“Una vez más prioriza la fuerza política, en vez de centrarse en los usuarios”, lamentó Lema quien calificó a las autoridades del Ministerio de Salud Pública como “testigos de lujo” del “amiguismo permanente” en ASSE.
Gloria Rodríguez: Si el caso del peón se confirma, la sociedad deberá interpelarse.
Hoy en el programa CONSTRUYENDO DEMOCRACIA . Programa Oficial del Partido Nacional en CX30, nos visitó la Diputada Gloria Rodriguez y hablamos de la agresión al peón rural de Salto y las repercusiones en el Parlamento. Entrevistamos telefonicamente a Dip. Jorge Gandini por renuncia de Masoller y UPM, a Diputado Pablo Iturralde por subsidio de Sendic, a Martin Elgue por Cumpleaño de un pozo y su rápida reparación a Fernanda Sfaig por Declaración de la Comisión de DDHH por Marcha de la Diversidad. Escuchalos Aquí: Gloria Rodríguez: Si el caso del peón se confirma, la sociedad deberá interpelarse. Gandini: Que más tenemos que entregarle a UPM? Porque renuncia Masoller? Iturralde: Se debería ir contra los bienes propios de Sendic Fernando Sfeir: Respeto por DDHH, libertad y autodeterminación de los individuos Elgue: Nueva metodología de protesta, sin cortar calles, logramos el objetivo.
Comunicado Comisión de DDHH con motivo de la 24ª edición de la marcha por la Diversidad.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Con motivo de la 24ª edición de la marcha por la Diversidad la Comisión de Derechos Humanos del Partido Nacional felicita y saluda a su organización.
Acompañamos dicha iniciativa en la cual se ve expresado el movimiento social representado por numerosas organizaciones y convocamos a aquellos compañeros nacionalistas que apoyen esta causa a marchar el próximo 29 de setiembre, asumiendo el compromiso de la lucha contra todo tipo de discriminación y apostando a una sociedad inclusiva e integradora que se vea enriquecida por sus propias diferencias en el marco del respeto de los Derechos Humanos.
La concentración se realizará en la Puerta de la Ciudadela 18:30 hs.
Comisión de Derechos Humanos, 27 de setiembre de 2017
Dip Gloria Rodriguez - Presidenta
Dr. Álvaro Garce
Fernanda Sfeir
Dr. José Enrique Eizmendi
Edil Gustavo Viera
Comsión de Ética recibió a Ezquerra y Bascou
El Presidente del Partido Nacional Luis A. Heber acompañado de Pablo Abdala brindaron conferencia de prensa luego de que la Comisión de Etica recibiera a Ezquerra y Bascou
Escuchalos Aquí
El PARTIDO NACIONAL reivindica la defensa del derecho de los trabajadores
El PARTIDO NACIONAL reivindica la defensa del derecho de los trabajadores, y condena la brutal agresión que sufriera un trabajador rural de Salto.
Larrañaga y otra opción para la Caja Militar. Propone subir las edades de retiro obligatorio y bajar las tasas de reemplazo.
El senador blanco Jorge Larrañaga envió una minuta a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, que ya analiza un proyecto de reforma del Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas ("Caja Militar"), para que se trate una iniciativa de su autoría que presenta algunas diferencias respecto a la que impulsa el oficialismo.
En la minuta, Larrañaga plantea que su alternativa ampara ciertos derechos adquiridos que él entiende que serían vulnerados por el proyecto a consideración del Parlamento y a su vez protege al Estado frente a eventuales accionamientos judiciales.
El senador plantea la existencia de dos regímenes distintos y para quienes ingresen a las Fuerzas Armadas plantea varios cambios. Por un lado, elimina el retiro con el grado inmediato superior y deja de considerar para el mismo los años cursados en el Liceo Militar y en el Preparatorio Naval. A su vez, incrementa las edades para el retiro obligatorio para extender la carrera militar y se proponen normas para evitar o disminuir el número de pases a retiro voluntario. Estos se asimilarían al régimen general y se requeriría para ellos contar con 60 años de edad y 30 años de servicios bonificados.
A su vez, se bajan significativamente las tasas de reemplazo (como se denomina al porcentaje con respecto al salario que representa la jubilación). El senador blanco propone que en ningún caso esa tasa supere el 85% del salario ni sea inferior al 50% cuando haya 30 años de servicios computados.
El proyecto prevé reducciones inmediatas de la asistencia financiera al servicio de retiros mediante incrementos ordinarios y extraordinarios de los aportes patronales, el vertido de fondos provenientes de los Recursos de Afectación Especial y otros tributos, lo que sumado a proyecciones demográficas que determinan un cambio progresivo de la relación activo/pasivo a favor del servicio redundarán en una reducción de las transferencias hacia la "Caja Militar" del orden de un 40% a 50% entre 2030 y 2035.
El proyecto, que tiene 64 artículos, pretende reducir el desequilibrio de las cuentas del servicio que el gobierno calcula en algo más de US$ 400 millones anuales. La administración del presidente Tabaré Vázquez le asigna prioridad al asunto.
Las causas.
En los considerandos de su proyecto, Larrañaga señala como motivo del desfinanciamiento que las reducciones periódicas de la fuerza efectiva del personal activo han hecho disminuir los aportes al servicio, haciendo que la relación activopasivo sea casi de uno a dos. Desde el año 1985 hasta ahora, esta reducción fue superior al 30%. También menciona el profundo deterioro de los salarios militares. Como ejemplo cita que los integrantes de las Fuerzas Armadas ganan un 40% menos en promedio que el personal del Ministerio del Interior y que esto incide sensiblemente en los aportes al sistema.
"El desfasaje de los ajustes de las pasividades militares en relación a los salarios en acti-vidad (las pasividades aumentan por Índice Medio de Salarios y los sueldos de los activos, aumentan por Índice de Precios al Consumo) provoca que la incidencia de los aportes de los activos sea cada vez menor en relación al monto del total de las prestaciones servidas", advierte Larrañaga.
Para el senador blanco hay "inequidad" en cuanto a las tasas de aportación (aporte patronal). "Ha existido un tratamiento desigual por parte del Estado del personal en actividad amparado por el servicio (la tasa de aportación estatal es del 15%), en relación al resto de los empleados públicos amparados por otros sistemas (tasas de aportación: al Banco de Previsión Social y a la Caja Policial, 19,5% y a la Caja Bancaria, 25,25%)", apunta el legislador.
Por este motivo, Larrañaga propone que la tasa de aportación patronal se eleve del 15% al 19,5%, para que sea coherente con la vigente para el resto de la Administración Central y que la de los aportes personales de los funcionarios activos se suba de 13% a 15%. Y se propone un aumento nominal de remuneraciones sujetas a montepío, en el porcentaje que sea necesario para que las remuneraciones líquidas no se vean disminuidas por la suba de los aportes.
ASSE pagó defensa de empleados que denunció Abogado fue contratado por el exdirectorio por $ 225.000.
Un nuevo episodio se suma al caso que derivó en el procesamiento sin prisión del exdirector en representación de los trabajadores en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Alfredo Silva.
Ayer, en la tercera sesión de la comisión investigadora de ASSE en el Parlamento, los exdirectores del organismo "no recordaron" el pago que se autorizó en 2014 para financiar los gastos de representación de un abogado para tres funcionarios del organismo que eran indagados por "acelerar" los procesos de compras directas.
Por más de seis horas, ayer, los integrantes de la comisión escucharon a los exdirectores de ASSE: los representantes de la oposición, Alejandro Draper y Marcelo Sosa; el representante de los usuarios, Wilfredo López, y la presidenta y vicepresidente de ASSE, Beatriz Silva y Enrique Soto respectivamente. Al ser consultada por El País, al término de la comisión, Silva se limitó a decir: "No voy a hacer declaraciones".
En esta ocasión, el exdirector en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, no concurrió a la instancia tal como lo adelantó El País. Silva indicó que "no es obligatorio concurrir". Según informaron, los tres funcionarios de ASSE por los que el Directorio aprobó gastos de representación por $ 225.000 estaban vinculados al caso del exdirector Silva. El Gerente Administrativo y su equipo comparecieron en calidad de indagados en actuaciones judiciales porque se les acusaba de "acelerar los pagos a determinadas empresas", indicaron a El País.
En 2014, Alfredo Silva fue encontrado responsable, procesado sin prisión y destituido de su cargo por sobrefacturaciones mediante la empresa de limpieza "Buena Estrella".
Denuncia.
El diputado del Partido Nacional, Martín Lema, fue quien denunció ayer ante la investigadora de ASSE que el exdirectorio aprobó los gastos para la defensa de los funcionarios. Lema dijo a El País que "Beatriz Silva y Enrique Soto sostuvieron que no recordaban la instancia en la que votaron el pago de honorarios profesionales para la defensa". El único director que votó negativamente el gasto en la defensa de los funcionarios fue el representante de la oposición, el nacionalista Marcelo Sosa.
Por otro lado, el legislador nacionalista informó que "no contestaron tampoco si cuando concurrieron a la inauguración de la empresa de traslados Siemm fue producto de invitación personal o al Directorio". La firma prestó servicios de ambulancia al Hospital de Bella Unión en Artigas. Sus titulares eran todos directores de hospitales: Federico Eguren y Rodrigo Barcelona, ambos del Pereira Rossell, y Marcos García, del centro de salud de Salto.
Eguren y García fueron directores de Bella Unión, mientras que Barcelona trabajó como pediatra. Cuando Eguren dejó el cargo, en 2012, tomó la posta García, y desde ese entonces le vendieron al hospital un total de US$ 825.000 en servicios de ambulancias.
Lema dijo que sorprendió que "a pesar de haber concurrido Beatriz Silva no sabía que era la empresa de jerarcas de ASSE".
Ausencia.
El diputado de Unidad Popular y miembro convocante de la investigadora, Eduardo Rubio, dijo que Silva "también tiene cosas para responder". Agregó que si bien "no aceptó concurrir, no quiere decir que no vaya a venir en algún momento"
Rubio indicó que "nos quedamos con una ausencia grande de respuestas que habrá que seguir investigando". En este primer bloque de la investigadora parlamentaria, se analizan las irregularidades en los hospitales públicos de Bella Unión, Dolores, Mercedes, Rivera y Cerro Largo.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Luis Enrique Gallo, sostuvo que "muchas preguntas fueron contestadas con claridad" y que lo primero es "tener la información".
Para el lunes está citado a la comisión el actual Directorio de ASSE; en ese marco, se solicitará las fechas de cada denuncia. Gallo destacó que muchas de las mismas ya están en manos de la Justicia. Por su parte, Lema, sostuvo que Silva "no es un protagonista menor ya que no solo fue un director sino que estuvo involucrado en un montón de presuntos hechos de corrupción".
Denuncian que ASSE pagó defensa de funcionarios indagados por la Justicia
El diputado Martín Lema (Todos) denunció este lunes en la Comisión Investigadora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que en agosto del año 2014 el directorio presidido por la médica Beatriz Silva decidió pagar la defensa de funcionarios que estaban siendo indagados por la Justicia cuando se procesó al exdirector Alfredo Silva.
Por mayoría del directorio, ASSE autorizó abonar $ 225.000 por "honorarios profesionales" al abogado que defendió a esos funcionarios.
La decisión, según el acta de la sesión, fue apoyada por Silva, el vicepresidente Enrique Soto y el representante de los usuarios Wilfredo López. El director por la oposición, Marcelo Sosa, la rechazó al considerar que no correspondía pagar la defensa de quienes estaban siendo indagados por la justicia penal.
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Tras comparecer ante la investigadora, Sosa dijo que una parte de lo que hoy se investiga surgió de auditorías que solicitó cuando fue director de ASSE.
Esas auditorías fueron sobre empresas tercerizadas y sobre el departamento de Arquitectura del organismo.
El exjerarca afirmó asimismo a los medios que los directores de las unidades ejecutoras eran designados por "confianza política", algo a lo que siempre se opuso, dijo.
También sostuvo que el directorio de ASSE no siempre estaba en conocimiento de todo lo que ocurría en los centros de salud que operan con su presupuesto.
El exdirector blanco ratificó la necesidad de controlar desde ASSE a las unidades ejecutoras y lamentó que la oposición no tenga hoy representantes en ese directorio.
La comisión investigadora fue solicitada por el diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular.
