El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala asegura que 20 gerentes de la Administración Nacional de Puertos están cobrando compensaciones salariales que no le corresponden.
Según planteó el legislador los gerentes están cobrando desde hace tres años compensaciones por tareas vinculadas a la realización del Plan Maestro del Puerto de Montevideo, pero a su vez contrató a un consultor para hacer ese trabajo.
El sobresueldo sería de un 30% y vendría siendo pagado desde 2013. A su vez se realizó un llamado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), para contratar a un consultor que elabore el plan en un plazo de seis meses.
"La situación, de confirmarse, representaría una evidente irregularidad. Es injustificable que un grupo de funcionarios, por mayor que resulte su jerarquía o nivel de especialización, perciba un pago adicional a su salario -durante más de tres años y en forma indefinida y permanente- por cumplir un servicio que, en verdad, nunca brindó", afirmó el legislador del Partido Nacional.
Abdala planteó el tema en la Comisión Permanente en busca de que su inquietud sea remitida a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Administración Nacional de Puertos, luego de no haber obtenido respuestas: "el silencio y la reticencia de la ANP a pronunciarse sobre el tema, terminarían por confirmar la veracidad de los hechos".

PROYECTO. ES ANALIZADO POR UNA SUB COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL SENADO Y SERÍA APROBADO EL 7 DE MARZO
Secretaría de DDHH demanda un cambio cultural para abatir las expresiones "patriarcales y machistas".
Todos los partidos con representación parlamenta-
ria llegaron a un acuerdo ayer para que la ley de cuotas femenina se aplique sin fecha de finalización y se extienda también a las elecciones departamentales.
Este proyecto es analizado por una subcomisión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores. El texto sería aprobado el próximo 7 de marzo por la Comisión y es posible que en los días siguientes tenga media sanción legislativa en la Cámara Alta.
Los senadores Constanza Moreira, Luis Alberto Heber, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres son los legisladores que están trabajando en este tema. Hasta ayer avanzaron que la aplicación de la ley de cuotas (que en las temas haya participación de representante de ambos géneros) se extienda más allá de la elección de 2019, con una tendencia que el proyecto no determine fecha para su vigencia. Hay acuerdo que este mecanismo, esté vigente tanto para las elecciones nacionales como en las departamentales.
En tanto, se está buscando el mecanismo para evitar que se trampee la cuota, cuando una mujer electa, renuncia voluntariamente a la banca para que ingrese un hombre.
El senador Pablo Mieres señaló que hay una intención de encontrar una fórmula para impedir que se lleven a cabo estas prácticas que le termine quitando la participación de la mujer en la cuota política. Admitió que la resolución no es sencilla, por el complejo sistema electoral de elección de los candidatos y del régimen de suplencias (respectivo, preferencial o mixto).
Dijo que lo que se quiere evitar es que la renuncia sea una forma de quitar representatividad de la mujer, y que se continuará trabajando en ello.

Tras la interpelación realizada al ministro de Salud Pública Jorge Basso, La Mañana de El Espectador habló con el diputado nacionalista Martín Lema quien dijo que con las largas presentaciones "se denigra la herramienta de la interpelación".
Lema explicó que desde un principio se había propuesto tener un debate "fluido y dinámico, con argumentos concretos". Sin embargo, aseguró que esto es "prácticamente imposible" porque con el pasar de las horas las exposiciones se vuelven "interminables".
"La ciudanía se queja de las interpelaciones, hay un descreimiento porque ve que estamos horas en el Parlamento", expresó.
Acusó al ministro Basso de haber ido a "leer un libreto armado anteriormente" y dijo que esto fue una "falta de respeto".
"El miembro interpelante propone preguntas concretas y se viene con un guion armado antes de ingresar a sala, me parece que no es serio", manifestó.
Dijo que no tiene "ningún inconveniente" en que el ministro tenga su presentación pero entiende que esto no puede provocar que queden preguntas sin contestar. "Me da impotencia", añadió.
Opinó que esta forma de proceder "denigra la herramienta de la interpelación".
Finalmente, Lema anunció que presentará un dictamen del Tribunal de Cuentas que, ante una consulta de ASSE, sostuvo por unanimidad que las contrataciones de ambulancias realizadas por el ente estaban por fuera de la ley. "Es muy contundente el dictamen", aseguró.

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi (Todos) interpelará hoy al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, "sobre el manejo ilegítimo de los dineros públicos utilizados por el Fondo para el Desarrollo (Fondes) en la financiación de Alas U".
Goñi señaló a El País que "el viejo Fondes", el del gobierno de José Mujica, "ya ha sido acusado por el propio Frente Amplio de actuar de forma voluntarista e irresponsable por darle US$ 3.820.000 a Alas U"; pero sostuvo que "el nuevo Fondes", el del gobierno Tabaré Vázquez, "es mucho peor".
"Es inconcebible e ilegítimo, contrario al sentido común, que el nuevo Fondes haya acordado nuevos créditos (para la aerolínea)", consideró el legislador. También sostuvo que "es absolutamente falso" que el gobierno de Vázquez haya dado fondos a Alas U porque esto ya había sido comprometido por el gobierno de Mujica. Y dijo que iba a presentar pruebas al respecto.
La comparecencia de Murro al Parlamento se enmarca en una serie de tres interpelaciones que denuncian presuntas irregularidades: el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, concurrió el martes para responder sobre la contratación de empresas de directores de hospitales en la Administración de Servicios de Salud del Estado, y mañana el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, contestará preguntas del senador colorado, Pedro Bordaberry, sobre la compra del avión presidencial.

El impuesto al alumbrado se mantendrá pero será revisado por entender excesivo su monto.
La Intendencia de Colonia enviará en los próximos días a la Corte Electoral las 30 mil firmas recolectadas para derogar el decreto departamental que estableció un impuesto de alumbrado que se recauda a través de la factura de UTE. El intendente Carlos Moreira entregará estas firmas al organismo electoral, las que irán acompañadas por la posición que tiene el jefe departamental sobre este planteo. La Intendencia considera que no corresponde la derogación ya que de aplicarse en materia tributaria podría afectar presupuestalmente al gobierno departamental.
En el mes de enero, los ciudadanos colonienses se vieron sorprendidos que en la factura de la UTE estaba incluido el cobro del alumbrado público, con montos que iban entre los $ 100 a los $ 300. En tanto, unos 400 hogares, catalogados de alta vulnerabilidad, pasan a pagar $ 60.
El mecanismo habitual de cobro era a través del pago de la contribución inmobiliaria, y les llegaba a los propietarios de las propiedades. Con este cambio, toda persona que tenga a su nombre la factura de UTE pasa a pagar el impuesto de alumbrado público.
Con este cambio, el intendente Moreira pretende pagar la deuda que mantiene la Intendencia con la UTE, en el marco de lo que fue el acuerdo del Congreso de Intendentes y el Gobierno Nacional en el período pasado. Considera que el referéndum que se promueve no es procedente en el alumbrado público por tratarse de un tributo municipal.
Si bien este impuesto fue votado en la Junta Departamental de Colonia por los ediles del Partido Nacional y una mayoría del Frente Amplio (7 en 11), en las últimas semanas se generó una movilización ciudadana de adhesión a la propuesta de derogar dicho decreto departamental.
El impuesto al alumbrado público (no tasa, como aplican otras intendencias), se lo adjudicaron
no solo a los que pagan contribución inmobiliaria sino también los ciudadanos que arriendan.
El presidente de la Junta Departamental de Colonia, Mario Colman explicó que la Intendencia aplicó tres franjas de monto del impuesto. El más elevado se fijó $ 300; la franja media $ 200, y la más baja, $ 100.
La Comisión encargada de la recolección de las firmas pretende con la entrega de estas adhesiones se suspensa la aplicación de este impuesto hasta tanto la Corte Electoral se expida si constitucional o no.
Si bien la Intendencia remitirá las firmas al organismo electoral, proseguirá aplicando este impuesto. Uno de los argumentos utilizados para continuar con esta política tributaria es que de no hacerlo, el gobierno departamental estaría perdiendo el 40% de bonificación que aplica la UTE a las intendencias por el consumo del alumbrado público. Otro fundamento dado para recurrir a la tarifa de la UTE para cobrar el alumbrado público es la baja morosidad existente en el pago de la luz, mientras que en su momento, la contribución inmobiliaria llegó a una, morosidad del 40%. "Mucha gente que no pagaba, ahora empezó a hacerlo", indicó Colman.
No obstante se está evaluando a nivel de la Intendencia efectuar algunas modificaciones a este impuesto porque existe un reconocimiento que el mismo debe ser mejorado. Colman indicó que se está estudiando dos opciones para rebajar la carga impositiva. Una de ellas es bajar el monto del impuesto para cada una de las franjas y otra, aplicar la reducción del tributo a la población que haya consumido menos energía eléctrica.