El problema de la inseguridad se coló esta semana en la protesta que le realizó el movimiento Un Solo Uruguay al gobierno y también lo hizo ayer en una presentación que protagonizaron intendentes ante ministros, políticos y empresarios.
Los intendentes de Maldonado, Enrique Antía; el de Colonia, Carlos Moreira, ambos blancos, expusieron sobre sus respectivas gestiones al frente de los gobiernos departamentales en las que no faltaron las preguntas sobre sus opiniones sobre la situación de la seguridad.
En un claro mensaje al gobierno sobre su ineficacia para combatir la delincuencia, el intendente Antía defendió su inversión de más de 20 millones de dólares en un centro de videovigilancia que en Maldonado logró disminuir los arrebatos y rapiñas.
En el marco del ya tradicional desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), Antía —que rechazó la propuesta de la intendente de Lavalleja, Adriana Peña y del senador nacionalista, Jorge Larrañaga de que efectivos de las Fuerzas Armadas patrullen las calles— señaló que a la Policía "le está faltando más respaldo y una mejor coordinación con el Poder Judicial".
Por otro lado, reclamó que se debe "ajustar a la Policía, con un respaldo que hoy está faltando y con equipos que también deben ser profesionalizados con cuerpos de elite para respaldar situaciones específicas". Agregó que "se puede lograr un control", y puso el ejemplo de la inversión en tecnología realizada por su comuna.
En este sentido, Antía puso especial énfasis en que los sistemas de videovigilancia deben estar coordinados con las cámaras de los comercios: "Esto permite un trabajo de análisis y de inclusión que ha permitido resolver muchos, pero muchos casos", apuntó. Por otro lado, Antía mencionó que "hasta hace poco, los jueces negaban la información que venía de las cámaras, discutían la validez de la tecnología, en el mundo está recontra probado, creo que ahí hay mucho para afinar pero básicamente pasa por seguir profesionalizando y darle respaldo a la Policía nacional".
Del otro lado de la vereda, se encuentra el intendente de Colonia, Carlos Moreira, quien junto a líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, impulsa la recolección de firmas para plebiscitar medidas referentes a la seguridad pública. Larrañaga presentó tres propuestas destinadas a combatir la inseguridad, que consisten en la creación de una Guardia Nacional (fuerza especial militarizada destinada a dar apoyo a la Policía), la posibilidad de establecer cadena perpetua revisable para delitos graves, y un tercer proyecto destinado a garantizar el cumplimiento total de penas.
Alianza Nacional lanzó esta iniciativa a raíz de la negativa del oficialismo de discutir estos proyectos. Moreira dijo que "el Ministerio del Interior está superado", pero aclaró que no se promueve ir "hacia la represión brutal de la época de la dictadura y saquemos los jeeps militares a las calles para detener gente".
La iniciativa que impulsa junto a Larrañaga prevé la creación de un estatuto jurídico que ampare a los efectivos militares para realizar tareas de patrullaje ciudadano: "Hoy las Fuerzas Armadas no pueden salir porque no tienen un estatuto jurídico que las ampare, que dependan funcionalmente de la Policía nacional y orgánicamente de las Fuerzas Armadas".
Para Moreira el proyecto "sería un complemento muy importante para un cuerpo policial que hoy se está viendo superado por la delincuencia cada vez más cruel, esto hay que pararlo, no es improvisar, mañana con las Fuerzas Armadas en las calles".
En marzo, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para dar un marco jurídico de actuación y un respaldo legal a los militares en el control de la seguridad en la frontera, algo que había sido reclamado por la oposición en las últimas semanas.
La exposición de motivos del proyecto señala que la ley se propone "complementar las capacidades del Estado en la zona fronteriza encomendando a las Fuerzas Armadas tareas de vigilancia con la finalidad de disuadir posibles actividades ilícitas y prevenir amenazas de cualquier naturaleza, a la paz y seguridad" del país.
Esta medida fue aplaudida por Moreira quien señaló que la misma "marca un cambio. No puede ser que aumenten los homicidios un 80% con respecto al año pasado que ya fueron muchos. Esto obliga a tomar medidas, por eso con el Dr. Larrañaga vamos a hacer una recolección de firmas para una reforma constitucional para prever la creación de la Guardia Nacional con incorporación de 2.000 efectivos del Ejército".
En el proyecto se encomienda a los militares la realización de tareas de vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y competencia (la Policía, la Dirección Nacional de Aduanas o el Ministerio de Ganadería, por ejemplo) en la zona fronteriza. El proyecto establece la misma en una franja de 20 kilómetros a contar desde los límites definidos en los tratados internacionales, quedando excluidos los centros poblados. El exsubsecretario del Ministerio del Interior durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, también está a favor de los allanamientos nocturnos, la extensión de las penas y de la eliminación de las libertades anticipadas "para tipos que no se van a rehabilitar más [...] las cárceles no rehabilitan", agregó.
Candidaturas.
Antía confirma su interés en ser precandidatos por su partido. Al ser consultado por el público, el nacionalista dijo que "ganas de trabajar por el país, siempre tenemos". Por su parte, Orsi señaló que "si mi partido me pide, con gusto uno lo acepta".
Por su parte, Moreira confirmó a El País su intención de ir por la cuarta candidatura a las elecciones departamentales.
Debate por la ola de delitos
La política en materia de seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía uruguaya, el tema ya se coló en varios ámbitos de discusión y de reclamo. Por un lado, están aquellos que prefieren una política estatal que dé respuestas más rápidas y duras a la escalada de violencia en el país. Por otro, aquellos que optan por elegir caminos alternativos, como por ejemplo, apelar al uso de la tecnología para intentar desactivar los delitos y capturar a los delincuentes. Mientras se zanjan estas diferencias y ante la ineficacia del Estado en atender urgentemente la problemática y los reclamos, los gobiernos departamentales se lanzan cada vez más en la búsqueda de herramientas que permitan, cuanto antes, lograr disminuir los altos índices de violencia que tiene actualmente Uruguay.
