El Partido Nacional tiene una particularidad: cuenta con una activa comisión de ética pero no tiene un código de ética. O, al menos, hasta anoche, cuando el diputado Rodrigo Goñi presentó el documento que regulará las normas y conductas en un acto en el que estaba el líder de su sector, Luis Lacalle Pou.
Ocurrió durante la conmemoración del 54º aniversario del Movimiento Nacional de Rocha (MNR), un sector liderado por el veterano dirigente blanco Carlos Julio Pereyra que siempre hizo gala de su apego a la ética en la política.
En una de las resoluciones del último congreso del Movimiento de Rocha, realizado el 7 de septiembre de 2017, se aprobaron varias propuestas del diputado Goñi, entre las que se contaba este proyecto de Código de Ética partidario, y otros como el de creación de la comisión de Ética Parlamentaria y el que asigna responsabilidad civil a los gobernantes cuando causan daño al Estado con su accionar indebido.
Crisis ética
Goñi indicó ayer al presentar su proyecto, que “la crisis ética nos está costando carísimo a todos los uruguayos, incluso hipotecando el futuro de las nuevas generaciones”. “Un claro indicador de la plata que cuesta, lo tenemos en las pérdidas millonarias que se producen por el despilfarro de los dineros públicos, su asignación a gastos e inversiones no prioritarias, y el uso abusivo de los mismos en forma discrecional, como quedó demostrado en las investigaciones en ASSE, Ancap, el Fondes, la regasificadora y en las contrataciones de familiares y amigos”.
“El Partido Nacional no puede ni debe permanecer indiferente al malestar moral ciudadano. No alcanza con echar la culpa de los problemas al gobierno y a los políticos de otros partidos”, dijo Goñi. Recordó que “no se puede soslayar que el partido también ha sido cuestionado recientemente por algunas conductas de sus dirigentes y la forma de abordarlas”.
El proyecto establece normas concretas para los representantes blancos en cualquier cargo público que tendrán prohibido contratar familiares.
También establece la facultad de consultar a la Jutep y el deber de enviar a ese organismo los antecedentes de posibles casos de corrupción. Establece el deber de ejemplaridad pública y el deber de buena administración.
Asimismo, determina la exigencia de idoneidad técnica y moral para la contratación de personas en carácter de asistentes de los jerarcas públicos o legisladores.
