DANIEL ISGLEAS

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, sorteó anoche la interpelación del senador Pedro Bordaberry, gracias al apoyo del FA. La oposición no quedó conforme y advirtió sobre las luces amarillas en déficit fiscal, inflación y gasto público.

La sesión del Senado fue oportuna para conocer, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo no piensa aplicar un ajuste fiscal pese al elevado déficit de las cuentas públicas, y también que el gobierno estudia la forma de cumplir la promesa electoral en cuanto a la rebaja de dos puntos del IVA.

El ministro Lorenzo y el presidente del Banco Central, Mario Bergara, explicaron por qué a juicio del equipo económico no existe atraso cambiario, algo que fue puesto en duda por senadores de la oposición que consideraron que esa, junto al déficit fiscal y la inflación son las tres "alarmas" que se encienden en la economía local.

En el plano político, la oposición cuestionó fuertemente el gasto de las empresas públicas, uno de los planteos centrales de Bordaberry, mientras que desde el Partido Nacional el senador Jorge Saravia sostuvo que el Poder Ejecutivo aplica "la receta de Washington" en materia económica, lo cual calificó como "una política de derecha, conservadora"

A su vez, el senador blanco Luis Alberto Heber sostuvo que el gobierno ha gastado "mucho y mal" sin lograr resultados en diversas áreas, como salud, seguridad y educación, y que no se ha preparado para cuando "deje de soplar el viento de cola", es decir cuando la situación económica no sea tan beneficiosa como ahora.

Blancos  presentaron varias mociones que no resultaron aprobadas. Una de ellas exhortaba al Poder Ejecutivo a evitar "el crecimiento de la inflación", otra pedía al gobierno "prudencia" en la próxima Rendición de Cuentas, una tercera declaraba su satisfacción por el anuncio del ministro en cuanto a que se estudia bajar el IVA, y una cuarta pedía al Poder Ejecutivo "poner coto a los gastos excesivos" de las empresas públicas.

Respecto al déficit fiscal, se preguntó al ministro cuál será el porcentaje para 2013 y 2014. Recordó que el actual déficit 2,8% "se ha dado en el marco de una extraordinaria bonanza y diez años de crecimiento".

En medio del debate sobre el déficit y la situación de las empresas públicas, se coló el anuncio del martes de Antel de que construirá un estadio donde antes estaba el Cilindro Municipal (Ver A/6).

Al respecto, Lorenzo dijo que "lo único que necesitan los entes" para una inversión de esa naturaleza "es tener una previsión presupuestal para ese gasto". "Hasta ahora (en Antel) no está realizada esa previsión", subrayó.

El ministro anunció que UTE volverá a poner en práctica la promoción con descuentos en la tarifa de luz que aplicó a fines del 2012. Esa promoción consistía en no cobrar el cargo fijo y la potencia contratada que figura en la factura de la luz. Este beneficio alcanzó a más de un millón de clientes. Las condiciones para recibir el beneficio eran estar al día con el pago de los últimos nueve meses, o estar suscrito al plan "Tu ahorro vale doble", por el que UTE descontaba al cliente un peso por cada peso ahorrado en el consumo.

La sesión transcurrió casi en su totalidad bajo un clima normal, con excepción de un momento cuando el presidente del Senado, Danilo Astori, debió parar el debate por diez minutos para calmar los ánimos. Sucedió que mientras Lorenzo exponía, Bordaberry se paró y se puso a conversar con un colega junto a la puerta del hemiciclo. Entonces, el senador oficialista Rafael Michelini comenzó a gritarle al colorado que escuchara al ministro. "Atiéndalo", le gritaba Michelini a Bordaberry. Intentando calmarlo al oficialista, el nacionalista Jorge Larrañaga le recomendó "calma, porque le va a hacer mal".

Ajuste fiscal, baja del IVA y descuento en UTE

El ministro Fernando Lorenzo descartó que el gobierno vaya a hacer un ajuste fiscal. "No", respondió a una de las preguntas del senador Pedro Bordaberry. "La palabra ajuste fiscal es una consecuencia de la insustentabilidad de la política fiscal, situación que hoy no está dada. Considerar como concepto el ajuste fiscal es contradecir el concepto de sustentabilidad. Quiero ser contundente: no tenemos previsto ningún ajuste tributario", aseguró.

En relación con el anuncio electoral de la rebaja de dos puntos del IVA, Lorenzo expresó que la intención del gobierno en ese sentido se mantiene. "La respuesta es sí, vamos a mantener la promesa", aseguró.

El ministro de Economía adelantó que UTE volverá a poner en práctica la promoción con descuentos en la tarifa de luz que aplicó a fines de 2012. Esa promoción consistía en no cobrar el cargo fijo y la potencia contratada que figura en la factura. "Se va a repetir, sí", aseguró el ministro, y aseguró que no se hizo para contener la inflación sino para afectar el consumo en una determinada época del año. "No se maquilló el dato de inflación", afirmó.

Expertos afirman que la Constitución impide a Antel la construcción y administración de un complejo polifuncional para espectáculos deportivos y artísticos. El presidente Mujica admitió que desconoce el proyecto que requiere US$ 40 millones.

El artículo 190 de la Constitución expresa: Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales.

Diversas opiniones recogidas por El País coinciden en afirmar que en la interpretación del artículo de la Constitución "no hay dos bibliotecas" y, por lo tanto, el proyecto de Antel para construir y administrar un megaestadio (donde estaba el Cilindro Municipal) que albergará espectáculos deportivos, artísticos y musicales es a todas luces "inconstitucional" y, de continuar por ese camino, los directores podrían incurrir en el delito de abuso de funciones.

El pasado martes, la presidenta de Antel, Carolina Cosse, y la intendenta Ana Olivera, anunciaron la firma de un convenio que ayer fue remitido a la Junta Departamental para su aprobación. Antel pretende construir y administrar por treinta años un complejo multifuncional con una inversión base de US$ 40 millones.

Ayer, el presidente de la República, José Mujica, dijo que desconoce el proyecto anunciado por Antel, no se refirió a la inversión anunciada pero destacó lo que el ente hace en materia de fibra óptica. Acotó que se trata de un ente autónomo y por lo tanto "tiene bastante libertad para esta iniciativa. Después veremos".

El artículo 197 de la Constitución que refiere a los entes autónomos establece que "cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los Directorios o Directores Generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados".

Por otra parte, durante la interpelación que llevó adelante el senador Pedro Bordaberry, el Antel Arena fue parte de una de las preguntas dirigidas al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y se enmarcó en el gasto de los entes autónomos.

El secretario de Estado respondió que "el monto total de inversiones realizado por todas las empresas públicas para este año y los subsiguientes ya fue acordado. Las decisiones de qué proyectos se priorizan en cada empresa y cuáles se postergan en su inversión autorizada no le compete a Economía. Lo único que necesitan los entes es tener una previsión presupuestal para ese gasto. Hasta ahora (en Antel) no está realizada esa previsión. Por lo tanto ese gasto no tiene significación en la política fiscal".

TAJANTES. El experto en Derecho Constitucional, Martín Risso, dijo a El País que el proyecto está fuera de las competencias de Antel, que son las telecomunicaciones según su Carta Orgánica. "En la interpretación del artículo 190 de la Constitución no puede decirse que hay dos bibliotecas, esto es inconstitucional. Si el Directorio de Antel sigue adelante seguramente el Tribunal de Cuentas observará todos los gastos y hasta podría haber problemas de responsabilidad para los directores porque estarían destinando dineros públicos para un fin que no está previsto en la ley", afirmó.

El catedrático en Derecho Constitucional, Ruben Correa Freitas, afirmó a El País que lo propuesto por Antel "es una violación flagrante a la Constitución y las autoridades son responsables a nivel político, civil y, eventualmente, penal".

"El principio de especialidad de los entes autónomos forma parte de toda una doctrina en el derecho público y administrativo, algo que ha sido muy firme durante décadas. Alberto Ramón Real tiene un famoso trabajo, hecho hace más de 40 años, que sostiene toda esta doctrina. Las empresas públicas no pueden embarcarse en tareas ajenas a sus cometidos, y acá es claro que un estadio no está dentro de la competencia de Antel", sostuvo.

Tanto Risso como Freitas consideraron que Antel necesitará de una ley especial para dar marco legal al emprendimiento, pero aun así señalaron que el texto podría terminar siendo inconstitucional.

El diputado blanco y precandidato a la Intendencia Municipal de Montevideo, Jorge Gandini, dijo a El País que hizo consultas a diferentes expertos y que no tiene dudas sobre la inconstitucionalidad del proyecto presentado por Antel. Anunció que elevará pedidos de informes para conocer las razones por las cuales Antel pretende construir un estadio y cuáles fueron los dictámenes jurídicos internos sobre el proyecto.

"Es realmente difícil de creer que Antel incursione en un negocio de construcción y explotación de un espacio con fines deportivos o artísticos, que venda entradas, organice espectáculos, etc. Es un giro que nada tiene que ver con el suyo y no tiene marco legal para hacerlo", dijo.

Según Gandini, "este apartamiento de las normas constitucionales y de la ley orgánica nos acerca al abuso de funciones porque habrá un uso de dineros públicos para fines que no tienen amparo legal".

Gandini también remarcó que el presupuesto 2013 de Antel y su plan de inversiones, ambos aprobados por Planeamiento y Presupuesto, no tienen prevista la inversión en el estadio. "Esto confirma que Antel actúa fuera de su planificación y en función de criterios políticos para darle una mano a la Intendencia", señaló.

La Junta citó a la intendenta Olivera

Con 14 votos de la oposición, la Junta Departamental de Montevideo convocará a la intendenta Ana Olivera para que dé explicaciones sobre el convenio con Antel para construir el estadio Antel Arena en el mismo predio donde estaba el cilindro municipal.

Los ediles opositores han declarado su sorpresa ante el anuncio formulado el martes por la presidenta de Antel, Carolina Cosse. Ninguno estaba enterado de esta iniciativa.

Los miembros interpelantes serán Juan Curbelo por el Partido Nacional y Tulio Tartaglia por el Partido Colorado.

"Si a Antel le sobran 40 millones de dólares lo que debió hacer es bajar sus tarifas y no salir a subsidiar a la intendencia capitalina", cuestionó el edil Tartaglia.

"¿Cómo es posible que los habitantes de otros departamentos, con lo que pagan por las llamadas telefónicas, terminen pagando una obra de la intendencia de Montevideo?", se preguntó.

En la misma línea fue otro edil colorado, Mario Barbato, que criticó que la comuna de Montevideo "no pueda encarar con recursos propios" la construcción de un espacio cultural y deportivo. "Se trata de una administración que recauda 550 millones de dólares anuales", recordó.

Para Barbato, que se enteró de la propuesta por la conferencia de prensa del martes, es una "solución impensada y fuera de lugar".

"Antel aparece para salvar la insolvencia e incompetencia de la Intendencia de Montevideo para resolver un tema que es absolutamente departamental", dijo.

El edil del Partido Colorado recordó que desde antes que la estructura del Cilindro colapsara (en octubre de 2010), la Intendencia "se había casado" con un proyecto privado que proponía anexar al complejo multideportivo un centro de convenciones y un predio ferial. Dijo que esa propuesta "fue declarada de interés municipal", pero luego quedó en la nada.

  

Expertos afirman que la Constitución impide a Antel la construcción y administración de un complejo polifuncional para espectáculos deportivos y artísticos. El presidente Mujica admitió que desconoce el proyecto que requiere US$ 40 millones.

El artículo 190 de la Constitución expresa: Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales.

Diversas opiniones recogidas por El País coinciden en afirmar que en la interpretación del artículo de la Constitución "no hay dos bibliotecas" y, por lo tanto, el proyecto de Antel para construir y administrar un megaestadio (donde estaba el Cilindro Municipal) que albergará espectáculos deportivos, artísticos y musicales es a todas luces "inconstitucional" y, de continuar por ese camino, los directores podrían incurrir en el delito de abuso de funciones.

El pasado martes, la presidenta de Antel, Carolina Cosse, y la intendenta Ana Olivera, anunciaron la firma de un convenio que ayer fue remitido a la Junta Departamental para su aprobación. Antel pretende construir y administrar por treinta años un complejo multifuncional con una inversión base de US$ 40 millones.

Ayer, el presidente de la República, José Mujica, dijo que desconoce el proyecto anunciado por Antel, no se refirió a la inversión anunciada pero destacó lo que el ente hace en materia de fibra óptica. Acotó que se trata de un ente autónomo y por lo tanto "tiene bastante libertad para esta iniciativa. Después veremos".

El artículo 197 de la Constitución que refiere a los entes autónomos establece que "cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los Directorios o Directores Generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados".

Por otra parte, durante la interpelación que llevó adelante el senador Pedro Bordaberry, el Antel Arena fue parte de una de las preguntas dirigidas al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y se enmarcó en el gasto de los entes autónomos.

El secretario de Estado respondió que "el monto total de inversiones realizado por todas las empresas públicas para este año y los subsiguientes ya fue acordado. Las decisiones de qué proyectos se priorizan en cada empresa y cuáles se postergan en su inversión autorizada no le compete a Economía. Lo único que necesitan los entes es tener una previsión presupuestal para ese gasto. Hasta ahora (en Antel) no está realizada esa previsión. Por lo tanto ese gasto no tiene significación en la política fiscal".

TAJANTES. El experto en Derecho Constitucional, Martín Risso, dijo a El País que el proyecto está fuera de las competencias de Antel, que son las telecomunicaciones según su Carta Orgánica. "En la interpretación del artículo 190 de la Constitución no puede decirse que hay dos bibliotecas, esto es inconstitucional. Si el Directorio de Antel sigue adelante seguramente el Tribunal de Cuentas observará todos los gastos y hasta podría haber problemas de responsabilidad para los directores porque estarían destinando dineros públicos para un fin que no está previsto en la ley", afirmó.

El catedrático en Derecho Constitucional, Ruben Correa Freitas, afirmó a El País que lo propuesto por Antel "es una violación flagrante a la Constitución y las autoridades son responsables a nivel político, civil y, eventualmente, penal".

"El principio de especialidad de los entes autónomos forma parte de toda una doctrina en el derecho público y administrativo, algo que ha sido muy firme durante décadas. Alberto Ramón Real tiene un famoso trabajo, hecho hace más de 40 años, que sostiene toda esta doctrina. Las empresas públicas no pueden embarcarse en tareas ajenas a sus cometidos, y acá es claro que un estadio no está dentro de la competencia de Antel", sostuvo.

Tanto Risso como Freitas consideraron que Antel necesitará de una ley especial para dar marco legal al emprendimiento, pero aun así señalaron que el texto podría terminar siendo inconstitucional.

El diputado blanco y precandidato a la Intendencia Municipal de Montevideo, Jorge Gandini, dijo a El País que hizo consultas a diferentes expertos y que no tiene dudas sobre la inconstitucionalidad del proyecto presentado por Antel. Anunció que elevará pedidos de informes para conocer las razones por las cuales Antel pretende construir un estadio y cuáles fueron los dictámenes jurídicos internos sobre el proyecto.

"Es realmente difícil de creer que Antel incursione en un negocio de construcción y explotación de un espacio con fines deportivos o artísticos, que venda entradas, organice espectáculos, etc. Es un giro que nada tiene que ver con el suyo y no tiene marco legal para hacerlo", dijo.

Según Gandini, "este apartamiento de las normas constitucionales y de la ley orgánica nos acerca al abuso de funciones porque habrá un uso de dineros públicos para fines que no tienen amparo legal".

Gandini también remarcó que el presupuesto 2013 de Antel y su plan de inversiones, ambos aprobados por Planeamiento y Presupuesto, no tienen prevista la inversión en el estadio. "Esto confirma que Antel actúa fuera de su planificación y en función de criterios políticos para darle una mano a la Intendencia", señaló.

La Junta citó a la intendenta Olivera

Con 14 votos de la oposición, la Junta Departamental de Montevideo convocará a la intendenta Ana Olivera para que dé explicaciones sobre el convenio con Antel para construir el estadio Antel Arena en el mismo predio donde estaba el cilindro municipal.

Los ediles opositores han declarado su sorpresa ante el anuncio formulado el martes por la presidenta de Antel, Carolina Cosse. Ninguno estaba enterado de esta iniciativa.

Los miembros interpelantes serán Juan Curbelo por el Partido Nacional y Tulio Tartaglia por el Partido Colorado.

"Si a Antel le sobran 40 millones de dólares lo que debió hacer es bajar sus tarifas y no salir a subsidiar a la intendencia capitalina", cuestionó el edil Tartaglia.

"¿Cómo es posible que los habitantes de otros departamentos, con lo que pagan por las llamadas telefónicas, terminen pagando una obra de la intendencia de Montevideo?", se preguntó.

En la misma línea fue otro edil colorado, Mario Barbato, que criticó que la comuna de Montevideo "no pueda encarar con recursos propios" la construcción de un espacio cultural y deportivo. "Se trata de una administración que recauda 550 millones de dólares anuales", recordó.

Para Barbato, que se enteró de la propuesta por la conferencia de prensa del martes, es una "solución impensada y fuera de lugar".

"Antel aparece para salvar la insolvencia e incompetencia de la Intendencia de Montevideo para resolver un tema que es absolutamente departamental", dijo.

El edil del Partido Colorado recordó que desde antes que la estructura del Cilindro colapsara (en octubre de 2010), la Intendencia "se había casado" con un proyecto privado que proponía anexar al complejo multideportivo un centro de convenciones y un predio ferial. Dijo que esa propuesta "fue declarada de interés municipal", pero luego quedó en la nada.