El diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, anunció que exigirá responsabilidades políticas al presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, por haberle entregado "información no veraz" sobre las irregularidades en una licitación que costó US$ 2,8:

El 27 de junio del año pasado, Casaravilla respondió un pedido de informes que seis meses antes le había cursado Gandini vinculado a irregularidades en una licitación para la realización del estudio de integridad y vida residual de las Unidades 5ª y 6ª de la Central José Batlle y Ordóñez. Dicho pedido de informes activó una investigación interna que derivó en la constatación de serias irregularidades en el proceso de licitación y las obras, el pasaje del expediente a la Justicia del Crimen Organizado y el inicio de sumarios con separación del cargo de tres gerentes.

Gandini denuncia que en la respuesta a sus pedido de informes, que fue elaborada por las gerencias del ente energético y firmada por Casaravilla, se "tergiversó" información para desestimular su investigación.

La indagatoria sobre la licitación que ganó la empresa Soluziona-CSI fue encargada por UTE al Dr. Álvaro Richino. El voluminoso expediente señala que debe determinarse la responsabilidad del "funcionario citado en la respuesta enviada por oficio al Ministerio de Industria el 27 de junio de 2012, la que no se corresponde con la verdad, pues según se informó en la investigación, el Consorcio Soluziona-CSI no cuenta por la ejecución del contrato de esta licitación con ninguna anotación por penalidades económicas o descuentos en el Registro de Sanciones Contractuales a Proveedores a cargo de la División Abastecimientos, lo que eventualmente puede representar un ilícito penal".

Gandini había preguntado si una vez ejecutado el trabajo licitado, "UTE debió realizar, a su costo, trabajos de corrección de errores o reparación de daños en la Central Batlle causados por la empresa contratada u ocasionados como consecuencias de esos trabajos".

UTE respondió que "según lo informado por la Subgerencia de Mantenimiento Centrales Térmicas sobre los trabajos de la contratista, UTE hizo trabajos de reparaciones de válvulas, lo que se descontó del pago a la contratista, no habiendo asumido esta Administración dichos costos".

La investigación no detectó ese descuento al que aludió la respuesta de UTE y tampoco encontró "penalizaciones ante los incumplimientos de Soluziona-CSI", las que estaban previstas en el Pliego de Condiciones Particulares.

La licitación en una modalidad de llave en mano había sido adjudicada por US$ 1.223.944,99 pero al finalizar los trabajos UTE abonó a la empresa un total de US$ 2.834.372,57, un 137,57% por encima del costo inicial.

"Conozco pedidos de informes que nunca fueron contestados y respuestas parciales que ocultan una parte de la verdad para no comprometer al Ejecutivo, pero lo que nunca vi fueron respuestas probadamente falsas. El presidente de UTE fue víctima de la subgerencia que lo indujo a error, pero es el responsable político porque firmó esa respuesta. Quiero determinar cuál será su responsabilidad política por informar de modo no veraz al Parlamento. Son hechos muy graves y él debió informarse más", sostuvo Gandini.

El legislador nacionalista también había preguntado si "UTE evaluó satisfactoriamente los trabajos realizados y si el informe final realizado por la empresa contratada alcanzó el nivel esperado", a lo que UTE respondió afirmativamente.

"Con todo lo que ocurrió es obvio que los trabajos no fueron satisfactorios. Las respuestas que recibí estaban dirigidas a que yo no siguiera investigando. Cuando recibí estas respuestas archivé el caso porque se me dijo que ante ese sobrecosto se había actuado y que el trabajo era satisfactorio. Luego me entero que ni una cosa ni la otra. Con sus respuestas UTE desalentó mi investigación y el presidente de la empresa, más allá de que él mismo pasó los antecedentes a la Justicia, debe responder políticamente por esa información fraudulenta", señaló Gandini.

IRREGULARIDADES.

La Justicia del Crimen Organizado analiza la responsabilidad de funcionarios de UTE en dos licitaciones (una adjudicada y otra en suspenso) por US$ 7 millones al Consorcio Soluziona-CSI entre 2006 y 2010, cuando Pedro De Aurrecoechea era vicepresidente del ente y, al mismo tiempo, accionista de la firma.

La indagatoria que ordenó Casaravilla detectó que "de la investigación administrativa puede concluirse claramente que la operativa usual en los procedimientos analizados no impide la posible colusión entre funcionarios del organismo y terceros", al tiempo que detectó una serie de irregularidades en las adjudicaciones.

En base a la investigación, el directorio de UTE resolvió iniciar sumarios con separación del cargo de tres funcionarios en puestos gerenciales: jefe de mantenimiento de centrales térmicas, jefe de mantenimiento mecánico y jefe de mantenimiento y estudios mecánicos.

Por su parte, la Justicia continúa las indagatorias. La jueza Adriana de los Santos tomó declaraciones a decenas de funcionarios de UTE y representantes de empresas privadas.

VALERIA GIL

La oposición le reclama al gobierno bajar el gasto de las empresas públicas y reducir el número de funcionarios de confianza para combatir el déficit fiscal y la inflación. Se exige también la renovación del equipo económico.

Un día después de que el exmandatario Tabaré Vázquez pidiera evitar contradicciones internas en el Frente Amplio, el presidente José Mujica opinó en sentido contrario al vice Danilo Astori, al afirmar que "no pasa nada con la inflación" (ver nota página A/5), reforzando los argumentos de la oposición en contra al manejo que hace el gobierno de los temas económicos.

"Nos encontramos con un presidente que dice que no le importa la inflación y con una puja interna que fractura la conducción económica, cuando tendría que ser más unida y más clara que nunca. Para mí hace falta renovar el equipo económico (encabezado por el ministro Fernando Lorenzo) y que Mujica se atreva a decir la verdad", dijo a El País el expresidente y senador Luis Alberto Lacalle (Unidad Nacional).

Agregó que "no se puede tocar una música con dos partituras distintas", en referencia a las discrepancias existentes entre el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Por lo que sostuvo que Mujica deberá elegir a uno de los dos equipos.

Lacalle dijo que la inflación "es el peor azote social de un país, porque es el impuesto oculto que erosiona los salarios y las jubilaciones de los más débiles". En ese sentido, cuestionó las medidas de "ajuste fiscal", que dijo está promoviendo el gobierno y el mujiquismo, por medio de un incremento de la carga impositiva.

Para bajar la inflación y el déficit fiscal del 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), Lacalle propuso eliminar los cargos de confianza y bajar el gasto, aunque aclaró que esas medidas no incluyen a la inversión social".

El senador y presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber (Unidad Nacional), coincidió en que la receta para frenar el alza de los precios debe pasar por un recorte del gasto en cargos de confianza. "Si no lo saben hacer, que nos dejen a nosotros. Es un error de Mujica no darle trascendencia al tema de la inflación, porque es el pueblo uruguayo el que termina pagando", opinó.

Heber dijo que la suba de tributos no resuelve el déficit fiscal. "La población no puede pagar más impuestos. Es mentira que los empresarios son los que se hacen cargo, porque siempre lo trasladan al pueblo".

El senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) señaló que Mujica "contradice a todo su equipo económico y le da la espalda a la realidad", al afirmar que "con la inflación no pasa nada". El legislador recordó que "la inflación de 2012 fue un engaño para los trabajadores debido a la aplicación de un plan de UTE, que determinó que los ajustes salariales fueran inferiores a lo que debían ser".

"El precio de la solidaridad social de este gobierno lo paga la clase media uruguaya. En marzo de 2005 la deuda bruta del sector público era de US$ 13.300 millones y en septiembre de 2012 fue de US$ 27.900 millones ¿Hasta dónde vamos a seguir?", se preguntó. Según Larrañaga, las cifras indican que "el gobierno dilapida y gasta como socialista, pero recauda como capitalista".

PARLAMENTO. Los diputados Jorge Gandini y Pablo Abdala convocaron a Lorenzo a la Comisión de Hacienda para que explique la suba del déficit fiscal y el alza de precios en enero.

Gandini dijo a El País que espera que la visita se produzca en la semana de Carnaval o la siguiente, pero "no más allá en el tiempo porque este tema no puede demorarse". Aseguró que "el gobierno revela un gran desconcierto y tendrá que hacer un ajuste, porque no le queda otra". En la misma línea, Abdala expresó que Economía "se encuentra en un callejón sin salida, porque quiera o no tendrá que recortar el gasto".

El senador Sergio Abreu, precandidato en la interna blanca por el sector Dignidad Nacional, inició esta semana una gira por tres departamentos, en busca de apoyos. Ayer, Abreu recorrió en Florida las localidades de Casupá y Cerro Colorado, y hoy miércoles estará en Ismael Cortina y Trinidad en Flores, previo pasaje por San José.

Ante el anuncio de que la inflación a enero llegó a 8,72% y el déficit fiscal superó previsiones, oposición y sindicatos estatales fustigaron el manejo económico. Los blancos llaman a Lorenzo al Parlamento y colorados hablan de "maquillaje".

El diputado nacionalista Jorge Gandini anunció citará al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, a la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes para que explique los problemas relacionados con el déficit fiscal y el incremento de la inflación.

"Los números están dando horrible. Hoy la inflación de enero marcó 1,9%, lo cual demuestra que manipularon la inflación en 2012 y le toquetearon el aumento a los trabajadores. Además, hay un aumento del déficit fiscal que quedó en 2,8% del PIB. La primera proyección fue 1,1% y terminó mucho más arriba, esa diferencia es una montaña de plata", dijo Gandini a El País.

El diputado de Alianza Nacional aseguró que "cuando Lorenzo vino (a la Comisión de Hacienda) a explicar el Presupuesto contó otra película para 2013. Ahora no se está dando lo que pronosticó y sí está ocurriendo lo que le advertimos".

"Que venga al Parlamento que fue donde hizo la proyección que hoy los hechos están desmintiendo. Es al Parlamento al que le tiene que dar explicaciones, no a su fuerza política", subrayó el legislador.

Ayer, el directorio del Partido Nacional trato en su Directorio el contexto de la situación económica del país con "mucha preocupación".

Los blancos lamentaron el incremento del gasto público y rechazaron la creación de nuevos impuestos.

Al respecto, el presidente del directorio, Luis Alberto Heber, aseveró al salir de la reunión que pueden fijarse más impuestos porque "no lo pagan los empresarios, los paga el pueblo porque se trasladan en los precios".

Por otro lado, destacó que el "gobierno baja tarifas de UTE para negar los aumentos salariales que correspondían".

En tanto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado emitió ayer una declaración en la que hace saber su preocupación por el manejo que ha venido desarrollando el equipo económico "en lo concerniente al resultado fiscal del año 2012 y a la inflación alcanzada".

"MAQUILLAJE".

Los colorados entienden que el déficit fiscal alcanzado constituye el "peor resultado de las finanzas del Estado desde la crisis del año 2002" y que "es producto del deterioro no explicado del nivel de recaudación y una irresponsable política de gasto público del gobierno".

Además, los integrantes del CEN dijeron que se sienten en la obligación de dejar en claro que "se ha generado un engaño con los instrumentos utilizados para maquillar el Índice de Precios al Consumo (IPC) y mostrar una inflación distinta a la efectivamente verificada, para de esa manera perjudicar a los trabajadores y los sectores más necesitados".

El CEN anunció que los legisladores de la bancada del Partido Colorado van a pedir las explicaciones del caso a los ministros competentes en las distintas áreas.

Por su parte, el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) dijo ayer que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, había explicado la semana pasada a la bancada que la inflación subiría en enero "por razones estacionales y por una suba de tarifas en enero".

Sin embargo, indicó que "la situación en materia inflacionaria está totalmente controlada y se logrará mantener en términos de cordura y de manejo responsable de la política económica".

SINDICATOS.

Por su parte, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, al enterarse que la inflación anualizada a enero trepó a 8,72%, reclamó medidas "genuinas" para controlar el incremento de los precios. "Estas medidas puntuales del Poder Ejecutivo, maquillando el valor de algunos productos, no contuvieron la inflación. Proponemos que se debata en toda la sociedad, incluido el gobierno si se anima, las políticas para combatir la inflación", señaló López a El País.

El dirigente señaló que buscan saber el peso específico de los salarios de los trabajadores en el número final de la inflación. "Hay que generar planes genuinos que defiendan el bolsillo de los trabajadores", dijo.