BORSARI: “No hay palabra alguna en la Constitución que admita que un parlamentario pueda Convocar a la SCJ”
“La Suprema Corte de Justicia no puede ser “convocada” por uno o más parlamentarios a ninguna Comisión del Poder Legislativo, como lo han invocado algún diputado y senador del Frente Amplio.
Me explico. La Constitución de la República establece:
I) En el art. 118, consagra el derecho de los legisladores a realizar pedidos de informes a los “Ministros de Estado, a la Suprema Corte de Justicia...,los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido se hará por escrito y por intermedio de la Cámara respectiva…”.
Es claro, pues, que el art. 118 invocado por un señor legislador va por otro lado, bien distinto a una convocatoria
II) El art. 239 establece la superintendencia que debe ejercer la SCJ
Sobre los Juzgados y los Tribunales: “A la Suprema Corte de Justicia corresponde: 2º. Ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales, Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial.
III) El art. 240 es claro en lo que respecta a las relaciones entre los dos poderes del Estado: “En el ejercicio de sus funciones, se comunicará directamente con los otros Poderes del Estado, y su Presidente estará facultado para concurrir a las Comisiones parlamentarias, para que con voz y sin voto, participe de sus deliberaciones cuando traten de asuntos que interesen a la Administración de Justicia, pudiendo promover en ellas el andamiento de proyectos de reforma judicial y de los Códigos de Procedimientos”.
U séase que es más claro que el agua y no hace falta ser un iniciado para interpretar el artículo, que el Presidente de la SCJ tiene la facultad, él y no otros, de concurrir a las Comisiones parlamentarias cuando lo entienda conveniente. No surge, en letra o palabra alguna del 240 que un parlamentario pueda convocar a la SCJ.”
Partidos tradicionales cuestionaron con dureza la postura del Frente Amplio de pedir información a la Suprema Corte de Justicia (SCJ)
En filas de los partidos tradicionales se cuestionó con dureza la postura del Frente Amplio de pedir información a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el traslado de la jueza Mota. Mientras en el Partido Colorado la postura fue monolítica, hubo resquebrajamientos en el Partido Nacional.
En filas del Partido Nacional, su Directorio trató el asunto. “Respeto a la independencia de los poderes del Estado, en aplicación de los principios básicos de nuestro sistema democrático republicano de gobierno, como lo son la separación de poderes y el respeto a la independencia de estos, el Partido Nacional respalda toda decisión que, en el ejercicio de su competencia, adopte el Poder Judicial”, se expidieron. “Las relaciones entre los poderes, y el alcance de estas, están debidamente explicitadas en la Constitución de la República, en especial a través de sus artículos 118 y 240”, sostienen los nacionalistas que encomendaron a su presidente, Luis Alberto Heber, el seguimiento del tema.
No obstante, durante la deliberación, el senador Eber Da Rosa (Alianza Nacional) calificó de “exceso” las afirmaciones de Sergio Abreu (Dignidad Nacional) de comparar la actitud del Frente Amplio con “un golpe de Estado”. “Es una actitud totalitaria y carente de todo argumento constitucional. Es un golpe de Estado parlamentario, inaceptable desde todo punto de vista; en otras palabras, la ratificación de que el Derecho es para el Frente Amplio una estructura burguesa que hay que desconocerla cuando no coincide con su modelo de concentración de poder”, había comentado Abreu.
Magistrados: se obstruyó funcionamiento de la SCJ
A través de un comunicado, la Asociación de Magistrados del Uruguay se pronunció ayer rechazando la manifestación en la SCJ de quienes se opusieron al traslado de la jueza Mariana Mota de la Justicia Penal a la Civil. Para los magistrados, “por la vía de los hechos y en forma deliberada, se obstruyó el funcionamiento del órgano de gobierno del Poder Judicial durante varias horas y se pretendió atacar la independencia de este poder del Estado”, afirmaron los magistrados.
Aludieron que se encuentran estudiando la normativa relativa a la carrera judicial. Uno de los tópicos es el de “lograr garantías para los magistrados en oportunidad de sus traslados por razón de cargo o de lugar, lo cual ha sido desde siempre una preocupación de esta asociación”. Estiman que se debe “asegurar, por medio de normas jurídicas, que las designaciones, ascensos y traslados de jueces se hagan siempre en base al principio de igualdad, sin preferencias de ningún tipo, sea por razones políticas, filosóficas, religiosas, de sexo, de amistad, ni discriminación de especie alguna y con estricto respeto de las garantías funcionales”.
DECLARACIÓN.ACUERDOS ESPACIO 40 Y AIRE FRESCO"
HACIA ADELANTE
A partir de nuestros distintos orígenes partidarios decidimos mirar hacia adelante y construir un proyecto común basado en el afecto, el respeto y la unión de las cosas que nos hermanan.
El siglo XXI se proyecta hablando, imaginando y mirando hacia adelante, sin miedo a reconocer los aciertos ajenos y estando atentos a los errores del pasado.
Integramos una generación política que quiere abrir puertas. Los países que avanzan en desarrollo y oportunidades abren cancha a los jóvenes.
Creemos en un nuevo liderazgo: moderno, colectivo, inclusivo. La complejidad de la sociedad y sus problemas hace imposible la existencia del líder que todo lo sabe y todo lo soluciona. La política necesita del aporte técnico, de equipos de consulta, de la colaboración y participación de los distintos actores sociales. Cuantos más aporten su capacidad y talento, más se suma. La nueva agenda política implica entender y apostar a la innovación, a las nuevas tecnologías. Incluir los temas del medio ambiente, del desafío demográfico, de la educación integral como instrumento de transmisión de valores y formación ciudadana, de la cultura. No podemos quedarnos en debates interminables, hay que avanzar.
La acción positiva debe ser nuestra actitud de vida.
Es tiempo de aceptar la diversidad y entenderla como riqueza de nuestra sociedad. Todos somos diferentes y debemos promover cotidianamente valores como la solidaridad, la colaboración, la inclusión y la tolerancia. Reconocer que no hay un modelo único de pensamiento y que siempre debemos defender la libre expresión. La democracia supone integrar lo diverso y lo plural.
Queremos mirar hacia adelante y rescatar el protagonismo del ciudadano por encima del protagonismo del Estado. La política debe garantizar los derechos del ciudadano por encima de la burocracia. Un país de responsabilidades compartidas, de derechos y de deberes. Con un liderazgo que no eche culpas a los ciudadanos sino que defienda a los buenos ciudadanos.
Creemos en un gobierno de cercanía, con buena gestión, eficiente, que respete al contribuyente y utilice los recursos en forma transparente, rindiendo cuentas. Hacia adelante significa un nuevo paradigma de justicia social. La justicia no puede consistir en ceder ante el que más grita sino ayudar al que más necesita. Nuestra sociedad, la que imaginamos, es aquella que empuja hacia arriba y no que iguala hacia abajo.
Bregamos por la libertad del individuo de auto sustentarse para buscar su propia felicidad. Queremos un gobierno que no le tema a la libertad individual, sino que la promueva.
Creemos en la RENOVACIÓN y en la capacidad de las nuevas generaciones. Creemos en la necesidad de dejar de discutir por el pasado y por etiquetas.
Creemos que los problemas del siglo XXI se encaran con liderazgos abiertos, participativos, que sepan escuchar, sin lugar para gritos y estridencias. Creemos en el respeto a la ley como garantía de todos los derechos humanos.
Para nosotros esto es mirar hacia adelante y por eso decidimos sumar esfuerzos y convocar a todos, a crecer. Te invitamos a trabajar juntos y ser activo protagonista de este sueño que es absolutamente posible.
HEBER: “Otra alternativa del ICIR, es revisar exoneraciones impositivas a empresas o reducir cargos de confianza
Luis A. Heber antes del Directorio planteó que los recursos que generaba ICIR son recurso de 60 millones de dólares en 10.000 millones de dólares del presupuesto.
“Estamos en contra de todo impuesto nuevo. Es necesario que administren mejor y gasten menos. Principalmente en cargos de confianza que perfectamente la mitad de ellos sumados exceden esa cifra que generaría el ICIR.
“Otra alternativa es revisar exoneraciones impositivas a empresas, que según último presupuesto anda en el orden de los 1500 millones de dólares. No hay posibilidades de recortas y sacarlos da ahí?. Hay empresas que hoy no deberían tener exoneraciones.”
Destaca como buena gestión de intendentes que quedaron de estudiar alternativas que no sea una carga impositiva para todos.
Dip. Delgado: PROYECTO PARQUES INDUSTRIALES
El régimen de Parques Industriales es una herramienta muy útil para el desarrollo de la actividad industrial, para la descentralización y para el ordenamiento territorial, utilizada con éxito en muchos países de la región y Europa.
En nuestro país, los incentivos ofrecidos por la normativa actual -Ley 17.547 de 22 de agosto de 2002 y Decreto reglamentario 524/007 de 19 de diciembre de 2005- ha sido superada por otras herramientas de tipo genérico por lo que no ofrecen atractivos específicos para la instalación de parques industriales y para el desarrollo de la actividad en los mismos. La aprobación posterior de los Decretos Nº 455/007 y Nº 002/012 reglamentarios de la Ley de Inversiones, con beneficios iguales o superiores a las normas citadas, dejó a los instaladores y a las empresas eventuales usuarias de los parques industriales en situación similar que a las restantes empresas promovidas.
Frente al actual panorama y con el objetivo de que los parques industriales constituyan una herramienta óptima para atraer nuevas inversiones, promover a la pequeña y mediana empresa y fomentar la descentralización, resulta necesario proceder a la aprobación de una norma que constituya de manera definitiva un régimen de interés.
Debemos recordar las ventajas y sinergias que ofrece un parque industrial y en ese sentido podemos, entre otras, señalar: facilitar a cada empresa la disponibilidad inmediata de un terreno para la construcción de sus instalaciones o bien de un local más adecuado a sus necesidades, permitir que entre las empresas instaladas exista cierto de grado de complementación, permitir el uso común de servicios así como la transferencia de tecnología.
El presente proyecto de ley amplía el concepto de parque industrial incorporando al sector servicios. Resulta conveniente que las empresas de servicios también se puedan instalar en el parque independientemente de si la actividad la desarrollan en forma exclusiva para empresas industriales instaladas en el parque industrial o no.
Naturalmente, el capítulo que legisla sobre los beneficios fiscales constituye el núcleo central del proyecto. En el mundo, son muy pocos los países que han logrado desarrollar parques industriales sin un apoyo del propio Estado, el que, por lo general se expresa en un subsidio a los compradores de terrenos.
En ese sentido, el proyecto que se plantea, presenta modificaciones al actual sistema tributario de los parques industriales efectuando una distinción entre las empresas usuarias de los parques industriales y aquellas que realizan su explotación o administración. En efecto, la inversión necesaria para la puesta en funcionamiento de un parque industrial tiene un tiempo de maduración muy extenso y la inversión se recupera a largo plazo. Por su parte, en el sistema actual de evaluación de proyectos para el otorgamiento de beneficios promocionales se puntúan ítems que el explotador no genera en forma directa. Todo ello, justifica separar los estímulos atendiendo a cada particularidad de negocio.
En efecto, los beneficios fiscales que se otorgan al desarrollador de un parque industrial y de servicios consisten en aumentar los plazos de exoneración del impuesto al patrimonio diferenciando Montevideo e Interior a 20 y 15 años respectivamente. Se contempla una exoneración del Impuesto al Valor Agregado en las tarifas públicas por el período de la instalación del parque, se exonera del Impuesto a las Transmisiones patrimoniales tanto al desarrollador del parque como al potencial usuario y se exonera del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas por el plazo de 20 años del 100% (cien por ciento) del monto invertido en la obra civil.
En relación al Usuario, sin perjuicio de lo establecido en la ley de inversiones Nº 16.906, se dispone de una exoneración total del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, exoneración del 50 % ( cincuenta por ciento) del Impuesto a las Renta de las Actividades Económicas por un plazo de 15 años en el Interior y 10 en Montevideo. Asimismo, en materia de Impuesto al valor Agregado se legisla de manera similar que para la figura del desarrollador.
Debe destacarse, que los beneficios tributarios que se establecen en el presente proyecto se suman a los otorgados en materia de eficiencia energética así como de energías renovables de conformidad a la ley 16. 906 de promoción de inversiones y su decreto reglamentario del 455/007 que promueven la utilización de tecnologías limpias.
Por último, el proyecto promueve la contratación de jóvenes en atención a que el desempleo en jóvenes menores de 25 años en el interior del país asciende a 14,3 % y en Montevideo a 16,6 %. En tal sentido, se legisla en una exoneración de hasta el 75 % (setenta y cinco por ciento) de los aportes patronales del salario de los jóvenes y una deducción de hasta dos veces la remuneración en el IRAE.
Montevideo, 15 de febrero de 2013
Dr. Alvaro Delgado
Representante Nacional
Proyecto de Ley
Ley de Fomento y Promoción de parques industriales y de servicios
I
Capítulo
De la Definición y actividades comprendidas
Articulo 1.- (Interés nacional) Declárase de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en los parques industriales y de servicios que se regulan por la presente ley.
Artículo 2º.- (Denominación)
A los efectos de la presente ley se entiende por parque industrial y de servicios a una fracción de terreno pública o privada, urbanizada y subdividida en parcelas conforme a un plan general, dotada de servicios públicos y privados e instalaciones comunes necesarias para la instalación y explotación de las industrias y lo servicios que en él se instalen.
Artículo 3º.- (Requisitos)
El área habilitada como parque industrial deberá estar delimitada y amojonada en sus límites.
A los fines del artículo 2º de la presente ley, los Parques industriales y de servicios deberán contar con la siguiente infraestructura:
A) Caminería interna, retiros frontales y veredas aptas para el destino del predio, así como cominería de acceso al sistema de transporte nacional que permitan un tránsito seguro y fluido;
B) Energía suficiente y adecuada a las necesidades de las industrias y empresas que se instalen dentro del parque industrial;
C) Agua en cantidad suficiente para las necesidades del parque, para el mantenimiento de la calidad del medio ambiente y una reserva adecuada para caso de incendio;
D) Sistema de telecomunicaciones;
E) Sistema de tratamiento y disposición adecuada de efluentes;
F) Sistema de prevención y combate de incendios;
G) Áreas verdes;
El Poder Ejecutivo reglamentará los requisitos establecidos en los literales precedentes para proceder a la habilitación de los parques industriales y de servicios.
II
Capítulo
De la Ubicación
Artículo 4. (Localización) A los efectos de la localización de los parques industriales y de servicios el Poder Ejecutivo determinará microrregiones previa consulta con los Gobiernos Departamentales e informe de la comisión asesora a que refiere el capítulo IV.
III
Capítulo
De la Habilitación
Artículo 5º (Habilitación)
La iniciativa para la habilitación de parques industriales y de servicios puede tener su origen en:
a) Empresas privadas
b) Gobiernos Departamentales
c) Poder Ejecutivo
d) Personas públicas no estatales
La habilitación de Parques Industriales y de servicios corresponderá en todo los casos al Poder Ejecutivo, previo informe dela Comisión Asesoracon la conformidad del Gobierno departamental respectivo.
IV
Capítulo
De la Comisión Asesora
Artículo 6º. (Comisión Asesora). Crease en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería una comisión cuyo cometido será asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo sobre la presente ley y sus disposiciones reglamentarias. Estará integrada por: un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería que la presidirá; uno del Ministerio de Economía y Finanzas; uno del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, uno del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un representante dela Oficina de Planeamiento y Presupuesto; un representante del Congreso de Intendentes; un representante del PIT-CNT y un representante dela Cámara de Industrias del Uruguay
V
Capítulo
Beneficios fiscales
Articulo 7º (Beneficios fiscales). Otórguese a los instaladores de parques industriales y de servicios los siguientes beneficios:
a) Exoneración del impuesto al patrimonio:
- i. Para aquellos proyectos ubicados en el interior por un plazo de 20 (veinte) años, sobre los bienes de activo fijo instalados o utilizados exclusivamente en el parque incluyendo maquinarias y equipos, así como una exoneración parcial del 50 % (cincuenta por ciento) de dicho impuesto durante los siguientes 5 (cinco) años.
- ii. Para aquellos proyectos ubicados en Montevideo por un plazo de 15 (quince) años, sobre los bienes de activo fijo instalados o utilizados exclusivamente en el parque incluyendo maquinaria y equipos, así como una exoneración parcial del 50 % (cincuenta por ciento) de dicho impuesto por los siguientes 5 (cinco) años.
b) Crédito por el Impuesto al valor Agregado incluido en la compra de bienes y servicios que requiera la operativa de los parques cuando se trate de emprendimientos de los Gobiernos Departamentales no comprendidos por tales actividades en el Título X del Texto Ordenado 1996.
c) Consideración de los bienes de activo fijo y los materiales necesarios para su construcción como bienes de capital a los efectos de la aplicación del artículo 79ª, Título X del Texto Ordenado 1996 en el caso de los Gobiernos Departamentales.
d) Crédito del Impuesto al Valor Agregado incluido en las tarifas de empresas públicas (UTE, ANTEL, OSE) por la utilización de aquellos servicios necesarios para la instalación del parque. Dicho crédito se aplicará sobre todos aquellos servicios devengados durante el proceso de instalación, culminando el beneficio una vez se inicie la fase operativa del parque.
e) Exoneración total de tributos cuya aplicación corresponda en ocasión de la importación de maquinarias y equipos, así como los bienes de activo fijo destinados a incorporarse a la obra civil, no competitivos con la industria nacional, destinados a parques industriales.
f) Exoneración total del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales en la enajenación de bienes inmuebles, de los derechos de usufructo y de nuda propiedad, de aquellos inmuebles ubicados en el Parque Industrial.
g) Exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas del 100 % (cien por ciento) del monto efectivamente invertido en bienes de activo fijo instalados o utilizados exclusivamente en el parque, incluyendo maquinaria y equipos, obras civiles e instalaciones. El monto de la exoneración no podrá exceder el 60 % (sesenta por ciento) del impuesto a pagar para los ejercicios comprendidos.
h) Se establece un plazo máximo de 20 (veinte) años para la aplicación de las exoneraciones referidas en el literal anterior, computándose el plazo a partir del primer ejercicio en que se obtenga renta fiscal, incluyendo a este último en dicho cómputo
Articulo 8º (Beneficios fiscales)- Otórguese a los usuarios del parque industrial y de servicios los siguientes beneficios fiscales:
- i. Los beneficios y las obligaciones establecidas en la ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998.
- ii. Exoneración total del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales en la enajenación de bienes inmuebles, de los derechos de usufructo y de nuda propiedad, de aquellos inmuebles ubicados en el Parque Industrial.
- iii. Exoneración parcial del 50 % (cincuenta por ciento) del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas por un plazo de 15 (quince) años para aquellos proyectos ubicados en el interior, así como una exoneración parcial del 25 % (veinticinco por ciento) de dicho impuesto por los siguientes 5 (cinco) años.
- iv. Aquellos proyectos ubicados en Montevideo gozarán de una exoneración parcial del 50 % (cincuenta por ciento) del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas por un plazo de 10 (diez) años, así como una exoneración parcial del 25 % (veinticinco por ciento) de dicho impuesto por los siguientes 5 (cinco) años.
- v. Crédito por el Impuesto al valor Agregado incluido en la compra de materiales y servicios a aplicar en la construcción de obras civiles, maquinarias y equipos destinados a la instalación del proyecto.
- vi. Crédito por el Impuesto al valor Agregado incluido en la compra de equipos para el procesamiento electrónico de datos a ser utilizados en los parques industriales.
Articulo 9º (Contratación de jóvenes)- Las empresas que se instalen en los parques industriales y de servicios gozarán de los siguientes incentivos empresariales:
a) deducción de hasta una vez y medio el costo en salarios de jóvenes menores de 25 años para el IRAE cuando la masa salarial de jóvenes esté entre un 5% y un 10% del total de la masa salarial de la empresa.
b) reducción de hasta un 50% de los aportes patronales sobre los salarios de los jóvenes cuando la masa salarial de jóvenes esté entre un 5 % y un 10% del total de la masa salarial de la empresa.
c) deducción de hasta dos veces los gastos en salarios de jóvenes menores de 25 años para el IRAE cuando la masa salarial de jóvenes esté entre un 10 % y un 20 % del total de la masa salarial de la empresa.
d) reducción de hasta un 75 % de los aportes patronales sobre los salarios de los jóvenes, cuando la masa salarial de jóvenes esté entre un 10 % y un 20 % del total de la masa salarial de la empresa.
VI
Capítulo
De las empresas que se instalen en los Parques industriales y de Servicios
Articulo 10º (De las parcelas). Las definiciones relativas a tamaño, disposición y servicios específicos de las parcelas, tanto como a las formas de tenencia y de trasmisión de dominio, serán establecidas por el estatuto del parque industrial y de servicios, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación de la presente ley al respecto.
Articulo 11º (Destino) Las construcciones que existan dentro de cada parque industrial y de servicios no podrán ser destinadas a casa-habitación, salvo cuando ello se requiera para asegurar el funcionamiento y el mantenimiento del parque y de las empresas que allí se instalen
VII
Capítulo
Disposiciones Generales
Articulo 12º El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 60 días a partir de su promulgación.
Articulo 13º El Poder Ejecutivo informará anualmente a la Asamblea General sobre la aplicación de la presente ley.
Montevideo, 15 de febrero de 2013
Dr. Alvaro Delgado
Representante Nacional
¿Gobierno Progresista? La clase alta fue el sector social que más se expandió en tres años
El estrato medio mantiene el predominio con 52,8% de hogares; casi un tercio es de clase baja
La clase alta fue la que más creció entre los hogares uruguayos en los últimos tres años, según la revisión anual 2012 del Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), al que accedió El Observador. La clase media sigue siendo mayoría en el país con 52,8% de los hogares en ese estrato social, pero el sector de mayores ingresos fue el que más se expandió hasta 16,5%, dos puntos y medio porcentuales más que el informe anterior, según el estudio de Cinve. En tanto, la clase baja se redujo en los últimos tres años, pero continúa siendo casi un tercio del total de los hogares (30,7%).
El estudio, realizado por las investigadoras Cecilia Llambí y Leticia Piñeyro, identificó que en 2008 había en el país 53% de hogares en la clase media, 33% en el sector social bajo y 14% en el estrato alto.
El segmento de mayores ingresos se compone, según el análisis, de dos grupos: el A- que incluye a un grupo con determinada homogeneidad dentro de la clase alta, y un estrato superior denominado grupo A+. El primer grupo representó 11,8% de los hogares mientras que el restante contuvo al 4,7% de las familias más ricas del país.
En tanto, la leve disminución de la clase media general –que pasó en tres años de 53% a 52,8%– puede explicarse por el paso hacia alguna de las dos categorías de la clase alta, ya que la clase baja también ser redujo. Al interior del grupo intermedio –que se divide en tres subgrupos– se notó una caída de la clase media alta (M+) en los últimos tres años, al pasar de 17,5% a 16,4%.
Lo mismo sucedió con el segmento medio (M) que pasó de 18,9% a 18% del total, mientras que el medio bajo (M-) creció de 16,6% a 18,4%.
Entre los hogares de Montevideo la prevalencia de la clase media es más significativa aún con el 53,7% sobre el total, mientras que 22,7% son considerados clase alta. Los hogares bajos, en la capital, son 23,7%, según el estudio de Cinve. La polarización es mayor en el interior del país, donde 35,9% pertenecen al segmento de menores ingresos. La clase media vuelve a ser mayoría con 52,4%, y la clase alta se reduce a 11,8% de los hogares.
Método
Las investigadoras realizan para el estudio una revisión a partir del “puntaje del hogar” que de alguna manera actualiza la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2008 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y por el que se sopesa esta medición. En el análisis suele tomarse el ingreso promedio más los bienes y servicios con que cuenta una casa, y se toma en cuenta la capacidad de consumo y gasto.
“Se intenta comparar el puntaje actual (estimado a partir del Encuesta Continua de Hogares de 2008) con el puntaje que surge de predecir el ingreso de los hogares con las mismas variables en la ECH 2011 (último año del que se tienen datos)”, dice el texto elaborado por las economistas del Cinve.
Con el nuevo método de clasificación se “genera grupos de hogares de tal forma que se reduce la variación al interior de cada grupo y se maximizan las diferencias entre los grupos (…). De este análisis surgen umbrales de estratos que aseguran que hogares sean más homogéneos al interior del estrato y más heterogéneos entre estratos”, prosiguió el estudio.
Si se aplica la lógica de la ECH 2008 a la realidad actual, los números varían un poco: 23,5% de la población pertenece a la clase baja, 54,9% a la media y 21,7% a la alta.
En todo caso, no hay grandes diferencias estadísticas entre una y otra medición. La proporción de hogares clasificados en los estratos bajos disminuye mientras que aumenta la de los hogares encasillados como altos.
“Cabe notar que la clasificación que surge en 2011 de acuerdo a los nuevos umbrales estimados es bastante similar a la obtenida en el año base, 2008. Ello quiere decir que en cada estrato de nivel socioeconómico, el porcentaje de hogares ‘lo más parecidos posible’ (y distintos del resto) es similar entre ambos años. Pero esto no implica que el nivel de gasto o de confort de los hogares permanezca igual, sino que se observa un corrimiento general hacia arriba entre ambos años”, explicita el informe del Cinve, organismo al que pertenece el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, aunque está en uso de licencia desde que integra el gobierno.
Qué tenés
Para el estudio de los hogares se tomó en cuenta si había menores de hasta 10 años, si al menos se encontraba un universitario, se preguntó el nivel educativo del principal sostenedor, a la atención a la salud del que hace cabeza en el hogar, así como el número de personas que perciben ingresos. También se consideró el tipo de construcción de la vivienda, la cantidad de baños, si contaban con auto, televisor a color, heladera con o sin freezer, aire acondicionado, DVD, computadora, lavarropa, lavavajillas, microondas, teléfono y servicio doméstico, entre otros indicadores de confort.
Abreu: convocar a SCJ al Parlamento sería "un golpe de Estado"
El senador nacionalista aseguró que se trataría de "una injerencia absolutamente inconstitucional"
Para el senador nacionalista Sergio Abreu, un eventual intento por parte del Parlamento de convocar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para explicar el traslado de la jueza Mariana Mota de lo penal a lo civil representaría "un golpe de Estado parlamentario".
"Es una injerencia absolutamente inconstitucional. Es una violación de la Constitución, y por tanto, como violación de la Constitución, es un golpe de Estado", expresó a El Observador.
El senador frenteamplista Enrique Rubio dijo el pasado viernes que convocará a la SCJ al Parlamento para que explique los motivos concretos del traslado de Mota. Rubio aseguró que no hay "ningún impedimento jurídico" para hacerlo.
"Con ese criterio, vamos a estar todos los días incidiendo o presionando a la SCJ para decirle: 'no me gusta que saquen a fulano o pongan a mengano'. Es una alteración del equilibrio institucional de la separación de poderes y una ruptura institucional", dijo Abreu, tras reiterar que la SCJ no tiene "ningún tipo de rendición de cuentas" sobre el Poder Legislativo.
"Miran las cosas de acuerdo al gusto o disgusto que les provoca una sentencia de la SCJ, o determinadas decisiones", dijo.
En cuanto a los motivos, Abreu aseguró que el oficialismo tiene "una confusión intencional entre los derechos humanos y los izquierdos humanos"
"Los derechos humanos son para todos, pero resulta que les preocupa que, en este caso, son los izquierdos humanos, que son muy respetables pero no se puede flechar la cancha", sentenció.
Larrañaga reclama opinión de Vázquez
Llamó a defender la clase media de los ataques del FA
Intendencias se oponen a nuevos impuestos para sustituir el ICIR
Anchorena. Tributos al agro serán el eje central de la reunión con Mujica
VALERIA GIL
La relación entre el presidente José Mujica y el Congreso de Intendentes sufre fisuras. Un bloque de jefes comunales plantearán hoy en la reunión de Anchorena su desacuerdo con el cobro de más impuestos al agro.
La declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) generó incertidumbre entre las intendencias, que ya contaban con US$ 60 millones para la compra de maquinaria vial.
El tema estará sobre la mesa en la reunión de Anchorena III a la que convocó para hoy el presidente José Mujica. El intendente de Florida, Carlos Enciso (Unidad Nacional) dijo a El País que no es partidario de subir la contribución inmobiliaria rural para recaudar lo que no se logró con el ICIR.
"No estamos de acuerdo con aumentar la contribución rural que empareja a todos por igual, porque no es justo que sean los productores pequeños los que paguen las consecuencias de este bloqueo del ICIR", explicó el intendente blanco.
La otra alternativa que manejó el gobierno para suplir la recaudación del ICIR pasa por la creación de un nuevo impuesto al agro. Para Enciso, las soluciones a la inconstitucionalidad del ICIR no pueden pasar "por avalar un fácil aumento tributario o por la imposición de nuevos impuestos".
Para recaudar los US$ 60 millones que se pensaban conseguir mediante el cobro del ICIR, Enciso plantea que las intendencias paguen un 7% de impuestos patronales al Banco de Previsión Social en lugar del 16,5%. El 9,5% que no aportarían al BPS pasaría directamente a manos de las intendencias para realizar obras de caminería rural. "La renuncia fiscal que debe hacer el BPS no desequilibrará los presupuestos siderales que tiene", justificó Enciso.
Como segunda opción, el intendente propuso que se descuente el IVA a las compras que hagan las intendencias. De acuerdo a sus cálculos, con est disposición las comunas reunirían US$ 70 millones por año.
Anoche, la bancada de intendentes del Partido Nacional analizaba estos planteos para obtener los fondos que no se podrán recaudar por medio del ICIR. "Lo importante es no quedar avalando fácilmente la lógica de crecimiento de impuesto por parte del gobierno. Marcar un matiz y una diferencia instrumental de fondo", señaló el intendente de Florida.
Enciso aseguró que su planteo tiene el respaldo de los jefes comunales de la región centro sur (Flores, Durazno y San José), todos ellos alineados con Unidad Nacional. Sin embargo, indicó que no se trata de una propuesta "sectorial", porque también pueden haber apoyos en Alianza Nacional.
Además, llamó a dar una discusión de fondo sobre la conveniencia de que sean las comunas las que tengan la responsabilidad de hacer obras de caminería rural. "¿El sector forestal es un problema de las intendencias o de la logística del país?", preguntó. También consideró que el llamado impuesto "el que rompe paga" era "más justo", porque "sectores no ganaderos, como los forestales, no aportan nada por el usufructo de las carreteras".
El intendente de Rivera, Marne Osorio (Propuesta Batllista) dijo a El País que la tributación rural debe estar vinculada al uso de la caminería rural y "no a la filosofía de la concentración de la tierra".
A su vez, opinó que el incremento de la contribución inmobiliaria rural no es de justicia tributaria. "La contribución es un impuesto que no discrimina muchos aspectos que hacen a la producción y, es evidente, tal vez no sea de justicia gravar de igual manera a un productor menor que a aquel de mayor porte", agregó.
Osorio explicó que la inconstitucionalidad del ICIR preocupa a las intendencias, porque en el caso de Rivera se adquirió maquinaria por un total de US$ 2 millones como parte del adelanto a cuenta que prometió la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Cayó Venegas: PCU presenta hoy a Mujica al sustituto
MSP. Comunistas recibieron informes jurídicos que dicen que está inhabilitado
Jorge Venegas ya no seguirá al frente del Ministerio de Salud Pública (MSP). Así lo decidió anoche la dirección del Partido Comunista (PCU), que hoy jueves le propondrá al presidente José Mujica el nombre de su candidato para el cargo.
